Incertidumbre máxima en torno a la Formación Profesional Básica, la nueva modalidad creada por el Gobierno central para la permanencia en el sistema de los alumnos con dificultades de aprendizaje en la ESO. La consejera de Educación y Cultura, Ana González, cargó ayer contra el Ministerio por "la completa ausencia de información sobre la financiación" para estos ciclos y anunció que el Principado tiene previsto establecer una ratio máxima de 20 alumnos por grupo, frente a los 30 permitidos por ley. "Me he hartado de pedir concreción, sin ninguna respuesta", dijo, durante una intervención en la Junta General. Los grupos de la oposición coincidieron en criticar la escasa planificación sobre estos estudios, que deben estar implantados en septiembre, con el inicio del próximo curso.

González mostró su rechazo al nuevo modelo, incluido en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), al entender que "busca echar a muchos alumnos del sistema". "La Formación Profesional Básica no tiene carácter propedeútico", destacó, a preguntas de Emilia Vázquez, diputada de Izquierda Unida. Además, censuró que "los alumnos con necesidades educativas especiales quedan fuera" de las prioridades marcadas por la normativa. Y, tras subrayar varias veces que desconoce el soporte financiero que recibirán estos estudios, desveló que "un cálculo conservador por nuestra parte apunta a que supondrán un desembolso de 9,6 millones de euros para los dos primeros años". De ellos, 2,5 millones serán destinados a equipamientos e infraestructuras.

"Se habla de que el dinero puede llegar a través del Fondo Social Europeo, pero la Formación Profesional Básica no cumple los requisitos para recibir estas ayudas, aprobadas hasta 2017, que no cubren gastos estructurales", indicó. "Por eso, creo que nos estamos metiendo en una encerrona y, dentro de tres años, recibiremos una carta diciendo que hay que devolver el dinero", añadió. Además, la consejera cuestionó que los centros concertados no tengan que poner en marcha estos ciclos, como harán los públicos, y anunció que Asturias contará con 12 de los 21 títulos previstos. E hizo una encendida defensa de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPIs), que desaparecerán con la llegada del nuevo sistema. "Eran una medida eficaz, compensadora de desigualdades y promotora de oportunidades para la inserción laboral, social y educativa de los jóvenes", apuntó. "Todas las autonomías coinciden en que los resultados a partir de ahora serán peores", dijo.

En el turno de réplica, Emilia Vázquez afeó a la consejera "la nula información" sobre la implantación de la Formación Profesional Básica. La diputada de IU mostró además su preocupación por la ausencia de criterios en torno a los consejos orientadores que aconsejarán a los padres que sus hijos dejen la ESO para recalar en estos ciclos. Por su parte, la parlamentaria del PP Susana López Ares resaltó que esta modalidad implicará "una forma distinta de aprender".