El Gobierno del Principado considera insuficientes los 156.681 euros de financiación estatal para la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, pese al aumento de la partida inicial en 10.600 euros, ya que sigue siendo un 20 por ciento inferior a la recibida en 2012.
El consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, ha instado al Gobierno, durante la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada hoy en Madrid, "a que siga profundizando en sus esfuerzos presupuestarios para reforzar la asistencia social integral y, en general, las políticas de violencia de género".
El Principado ha valorado que el Ministerio haya tenido en cuenta el criterio de dispersión poblacional para repartir los fondos, tal y como había solicitado el Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, pero ha insistido en que la partida final "tampoco cumple con las expectativas del Gobierno regional". Por ello, el consejero ha reclamado un mayor esfuerzo económico al Ejecutivo central y recordado que en Asturias "las políticas de atención integral a la violencia de género no han sufrido recorte alguno ni siquiera este año, en el que estamos en situación de prórroga presupuestaria".
Martínez también ha recordado que el Principado trabaja actualmente en la elaboración de un Pacto Demográfico para buscar alternativas al envejecimiento y la pérdida de población, así como el frente común que Asturias impulsa con las comunidades de Galicia, Castilla y León, Aragón, Extremadura y Castilla La Mancha para que el Gobierno central lidere una Estrategia Española por el Cambio Demográfico.
A este respecto, ha subrayado que este tipo de iniciativas son fundamentales desde la perspectiva de la igualdad por el impacto que las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar tienen sobre la dinamización geográfica, y porque constituyen un elemento sustancial para la creación de empleo para las mujeres, particularmente en zonas rurales afectadas por la pérdida de población.
En la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad también se han analizado los diez años de aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral, que fue aprobada por unanimidad, y supuso un punto de inflexión en la forma de abordar el tratamiento de la violencia de género.
Según el Principado, cada una de las comunidades autónomas ha presentado un documento con las actuaciones que se han impulsado para cumplir con esta norma, pero el Ejecutivo central "no ha aportado ningún dato sobre las iniciativas puestas en marcha desde el Estado".
En opinión del consejero de Presidencia, "se echa en falta la información sobre las actuaciones desarrolladas por el Gobierno de España", por lo que ha solicitado que lo haga cuanto antes, "máxime dado el carácter integral de este tipo de políticas que afectan a varios ministerios".
