El Gobierno del Principado trabaja contra reloj para aprobar antes del 31 de diciembre los instrumentos de gestión de los espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000, configurada en Asturias en torno a 49 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y trece Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). De lo contrario, la Unión Europea podrá exigir al Ejecutivo autonómico la devolución de unos 20 millones de euros en ayudas destinadas a estos espacios, según se desprende de una advertencia realizada hace unos meses por la Comisión Europea a España y a varias comunidades autónomas, además de Asturias.
Bruselas envió a España lo que en el argot comunitario se denomina "Pilot", procedimiento previo a una posible queja, que ha hecho reaccionar a los responsables políticos de los ejecutivos regional y nacional. La UE se reserva la potestad de abrir un procedimiento sancionador a Asturias para exigir la devolución de partidas entre las que figuran subvenciones destinadas a financiar proyectos en esos espacios protegidos, con unos planes de gestión aún no desarrollados sobre el papel.
Y es que el Principado, como otras regiones españolas, aún no tiene aprobado ningún plan de gestión, cuando debería haber dado el visto bueno a los instrumentos para los 49 LIC antes de diciembre de 2010. En el mismo periodo de tiempo estos lugares deberían haberse declarado Zonas Especiales de Conservación (ZEC). También tendrían que haber estar en vigor los planes de gestión para las ZEPA antes de esa fecha mencionada.
Expertos como Luis Suárez, responsable del programa de especies de la organización WWF España, considera positivo que tanto el Principado como el resto de regiones "rezagadas" se hayan puesto manos a la obra. "El riesgo es que se hagan planes para cubrir el expediente sin cumplir los requisitos mínimos, para cada una de las especies prioritarias", señala Suárez.
La Red Natura 2000 abarca 307.165 hectáreas del Principado. Los lugares de interés comunitario ocupan el 26,30% de la región, que con un 80 por ciento del territorio bajo diferentes figuras de protección es la comunidad española con mayor superficie de espacio medioambiental catalogado. Las trece Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), con 221.137 hectáreas copan el 20% de la superficie regional. A ellas se unen otras 18.099 hectáreas de ZEPA marina. Entre los espacios asturianos de la Red figuran enclaves como el Cabo Peñas, los Picos de Europa, Redes, la ría de Villaviciosa, Somiedo, el río Cares-Deva, el bosque de Muniellos y el parque natural de Fuentes del Narcea y del Ibias. Entre las especies amenazadas por las que se ha declarado la Red Natura en la región se encuentra el oso pardo, el urogallo cantábrico, la nutria común, la perdiz pardilla y el lobo ibérico.
Este año se cumplen 22 desde la aprobación de la directiva hábitats y el nacimiento de la red, considerada la herramienta de conservación de la biodiversidad más ambiciosa que jamás haya existido en Europa. El avance ha sido lento y la prueba es que aunque las normas que obligaban a la protección de los lugares protegidos se aprobaron en los años 1979 y 1992, respectivamente, el proceso todavía no ha concluido.
En Bruselas preocupa especialmente el retraso en la segunda fase del proceso relacionada con la puesta en marcha de los espacios protegidos, porque resta una parte muy significativa del potencial de la red. Los plazos fijaban que seis años después de designar los denominados Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), debían declararse como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) junto con la aprobación de su correspondiente plan de gestión.
La prueba de que la advertencia de la Comisión va en serio es que el jefe de la unidad de naturaleza de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Stefan Leiner, expresó hace unos días su "preocupación" por la falta de medidas de conservación en los espacios de la Red Natura española.
A juicio de Leiner, en España existen todavía algunos casos en los que la legislación medioambiental de la UE ha sido "vulnerada" y queda "mucho trabajo por hacer", en clara referencia a las comunidades que van con retraso. Y ése es el trabajo que lleva a cabo ahora el Principado, con la aprobación de los Instrumentos de Gestión Integrada (IGIC), que generan abundantes discrepancias entre los colectivos ecologistas, agricultores y ganaderos y empresarios turísticos y los propios habitantes de los núcleos afectados y la declaración de las zonas especiales de conservación.
La abogada Pilar Martínez, radicada en Madrid, especialista en cuestiones de medio ambiente y gestión del territorio, natural de Carballo (Cangas del Narcea), no descarta, incluso, que la UE llegue a imponer sanciones por posibles defectos en la tramitación, aun cuando los planes se alumbren en el plazo estipulado.
