Oviedo, L. S. NAVEROS
Atajar la lista de espera del salario social -una ayuda de emergencia para familias sin recursos que acumula casi 5.000 solicitudes sin resolver y cuya tramitación se prolonga al menos un año- es una de las prioridades de todos los grupos parlamentarios, que ayer aprobaron por unanimidad en la Junta la modificación del reglamento que regula esta prestación regional. El objetivo es adecuar la tramitación a la situación social surgida tras la crisis económica, aligerar la burocracia que deben afrontar los solicitantes y "desatascar" las gestiones.
La propuesta de modificación del reglamento que regula el salario social partió de Foro Asturias, cuya portavoz, Cristina Coto, acusó de incompetencia al Gobierno regional, insistiendo en que la prestación del salario social debe ser la principal prioridad del Principado. Según los datos de Coto (que fueron posteriormente desmentidos por el Grupo Socialista) hay 5.199 solicitudes en lista de espera, con 20 meses de tiempo de tramitación "cuando la ley establece un máximo de tres meses". Para la portavoz de Foro, "es el retrato de un completo fracaso, mayor porque afecta a personas vulnerables", en una región que "tiene a 200.000 personas en riesgo de pobreza". La portavoz de Foro también expresó preocupación por el presupuesto, que considera escaso, ya que "si se desatascaran las peticiones en espera, el coste sería de 110 millones, cuando el presupuesto es de 68 millones".
El resto de los grupos parlamentarios tampoco le ahorraron críticas al Ejecutivo socialista. El diputado de UPyD, Ignacio prendes, aludió a las recientes declaraciones del presidente regional, Javier Fernández, que describió a Asturias como "una muralla contra la desigualdad". "Si Asturias es esa muralla, el salario social es uno de sus ladrillos básicos. Hay un clamoroso fallo de gestión y también un problema de carácter normativo, pero en cualquier caso, el Gobierno tiene tarea que hacer".
Noemí Martín, diputada de IU, se mostró favorable a la adaptación del reglamento a la situación actual, pero considera que el problema es más de gestión que de normativa. Puso el ejemplo de la herramienta informática, que aún está en pruebas, pese a que tenía que estar en uso desde abril del año pasado. "No es un problema de la consejería de Bienestar Social, es un problema de todo el Gobierno", concluyó.
La diputada del PP Victoria Delgado destacó que tras cada petición atascada hay "familias que subsisten como pueden, con ayudas de emergencia, o de ONG. Nuestra obligación ineludible es buscar soluciones". A su juicio, es necesario modificar el reglamento, pero también hay que "dotar al servicio del personal y los medios materiales que sean necesarios".
La defensa de la gestión del Gobierno le tocó a la diputada socialista Nuria Devesa, que aseguró que las cifras de espera son algo menores (4.874 peticiones) y destacó que ya se ha ampliado el equipo de trabajadores destinados a gestionar el servicio. "No negamos las dificultades, ni que los trabajadores se están esforzando; ha habido refuerzos de plantilla, mejoras en los medios de trabajo, como la herramienta informática, que ya está en pruebas, y creemos que es necesaria una modificación del reglamento", señaló Devesa. La diputada del PSOE acusó al Grupo de Foro de "oportunismo político", asegurando que el Gobierno ya había puesto en marcha el mecanismo para cambiar la normativa. "Foro sabía que ya habíamos empezado a trabajar en ese sentido, porque antes del verano pidió información sobre la Mesa Ciudadana contra la Pobreza, donde se debatió este cambio, y se el facilitó esa información. Ahora lo traen como una propuesta suya, una muestra de oportunismo".
