El TSJA ha confirmado la nulidad del instrumento de descripción de las funciones de los puestos de trabajo del Principado de Asturias que fue aprobado en octubre de 2012 mediante una resolución de la Consejería de Hacienda.
El Alto Tribunal asturiano ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Principado contra una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Oviedo el pasado 31 de marzo.
El fallo había dado la razón al Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies (COFPA), que había impugnado la resolución de la Consejería de Hacienda al entender que las características esenciales de los puestos de trabajo -funciones y tareas- deben formar parte necesariamente del contenido de las relaciones de puestos de trabajo (RPT), cuya aprobación además corresponde al Consejo de Gobierno.
La sentencia, ahora confirmada por el TSJA, estableció que se trata de una ordenación que debe estar "contemplada en la correspondiente RPT o en un instrumento similar" y "en todo caso aprobados por el Consejo de Gobierno", y no por una Consejería.
El TSJA, que asume "en lo sustancial" los argumentos expuestos en la sentencia de instancia, incide en que es "evidente" que la Consejería de Hacienda y Sector Público es un "órgano incompetente" para aprobar un instrumento de descripción de los puestos de trabajo como el impugnado.
La resolución -ahonda el Alto Tribunal asturiano- "viene a invadir un ámbito material, el de las funciones de los puestos, reservado a las relaciones de puestos de trabajo u otro instrumento organizativo similar, de la exclusiva competencia del Consejo de Gobierno".
"De esta forma no sólo se satisfacen mejor los fines ordenadores, a que las relaciones de puestos de trabajo responden, sino que también se protegen con mayor rigor y seguridad jurídica las diferentes expectativas de los funcionarios públicos", añade el TSJA en su sentencia dictada hoy.
El fallo, contra el que no cabe recurso ordinario, impone las costas a la administración.
En un comunicado, el COFPA ha criticado que el Gobierno del Principado, "tras recibir el primer varapalo judicial" y "lejos de enmendarse", decidiera presentar un recurso de apelación y ha pedido que las costas sean pagadas del "bolsillo de los responsables personales de la decisión de recurrir, como mínimo el director general de Función Pública y la consejera de Hacienda y Sector Público".
