El Gobierno regional da por cerrada la reordenación del sector público autonómico

El Grupo Popular empezó el curso político igual que arrancó la legislatura, con la reducción del sector público como objetivo prioritario, además de la rebaja fiscal. El diputado José Agustín Cuervas-Mons trató de sacar los colores al Ejecutivo de Javier Fernández con los datos del informe del Ministerio de Hacienda que sitúa al Principado a la cola de las autonomías en la reducción de su sector público, al eliminar sólo 9 de los 84 entes que tenía en 2012. "Deberían de corregir el rumbo porque continúa siendo un sector mastodóntico, aunque a ustedes les moleste este término", planteó el parlamentario popular. "La administración pública debe ser viable y tiene que poder pagarse y mantenerse", defendió Cuervas-Mons, quien preguntó al Gobierno socialista qué ahorro han supuesto las medidas materializadas en la primera y en la segunda ley de reordenación del sector público autonómico y preguntó por las operaciones de venta de acciones, aún pendientes de la constructora Sedes y del Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones del Principado (GITPA). El informe del Ministerio de Hacienda cifraba en casi 600.000 euros el ahorro reconocido por el Principado dentro de una cifra que para el conjunto de los gobiernos autonómicos asciende a mil millones de euros.

La consejera Dolores Carcedo replicó al PP que el sector regional "es moderado", aseguró que el 96 por ciento del gasto del sector público corresponde el Sespa, la Universidad, el Servicio de Empleo, Cadasa y el Idepa y no ofreció demasiadas pistas sobre la venta de acciones de Sedes, que quedó desierta en el primer intento. La responsable de las cuentas públicas regionales admitió la existencia de una cláusula en la primera ley del sector público que obligaba a la subrogación de la plantilla que hubiera en la empresa en el momento de la aprobación de la ley pero tras el intento fallido de ERE por parte de la empresa reconoció ante el parlamento que "estamos a la espera de decisiones empresariales". Cuervas-Mons recordó a Carcedo que ya han pasado 16 de los 18 meses que esa ley fijó de plazo para la venta de las acciones de Sedes y también del GITPA.

La postura del Gobierno fue rebatida por todos los grupos de la oposición, excepción hecha de IU, cuyo diputado Luis Álvarez Payo, atribuyó a los populares una estrategia "de acoso y derribo a los servicios públicos". La portavoz de Foro, Cristina Coto, tachó de "mínimas" las reformas promovidas por el Ejecutivo socialista en el sector público regional. "Las cifras hablan pos sí solas. Actuó sólo sobre la periferia, sin entrar en la Zalia, Sedes Sogepsa". El diputado de UPyD, Ignacio Prendes, calificó de "nulas" las convicciones del Gobierno regional de afrontar reformas en el sector autonómico, tras admitir que habían apoyado la primera ley de reordenación y recordar que el PP apoyó con sus votos la segunda que afecta al ente público de comunicación.

Por si había quedado alguna duda sobre las intenciones del Gobierno regional de no meter más tijera al sector público regional, la diputada socialista Marina Pineda ofreció un discurso categórico y contundente. "El sector público no está sobredimensionado. No precisa ningún tipo de reducción". Los populares tendrán ahora la posibilidad de presentar una moción para forzar una votación en el parlamento regional que suspenda la reforma del sector público llevada a cabo por el Ejecutivo regional, siempre y cuando los grupos de la oposición mantengan la oposición avanzada ayer en el pleno.