Aprovechando el verano el Gobierno ha perpetrado otra tropelía legislativa, con el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, que luego, por mero trámite y ante las protestas de la oposición, ha convertido en Proyecto de Ley para que el Congreso lo tramitase con "agosticidad" y el Senado, deprisa, deprisa, lo bendijese en septiembre.

Y, la aprobada, no es una norma cualquiera puesto que reforma casi treinta leyes del ámbito de nueve Ministerios que y afectan a materias muy sensibles.

Con este texto legal se da cobertura a la privatización de Aena, después de haberla saneado, realizado cuantiosas inversiones y reducido su personal. Es una entidad rentable, estratégica para las comunicaciones y para un sector clave en nuestra economía, el turístico; se privatiza un 49% de su capital, sin ninguna garantía de hasta cuando se mantendrá la participación pública mayoritaria y abriendo un escenario en el que resulta posible la venta a terceros o el cierre de los aeropuertos menos rentables.

Igualmente, se modifica la gestión de los puertos estableciendo prórrogas en la duración de las concesiones existentes.

Además, otra vez, se vuelve a modificar la regulación del sector energético y, con la excusa de que es necesario trasponer la Directiva de la UE sobre eficiencia energética, se aprovecha para salir al paso del déficit de tarifa del gas, se repercute sobre los consumidores los 1.200 millones a los que asciende éste en el presente ejercicio y el que en el futuro pudiera producirse, a éstos podemos sumar los 1.350 millones del depósito "Castor" y también los 140 con los que Gas Natural ha sido condenada a pagar por un laudo arbitral a sus socios argelinos. Una vez más, el riesgo empresarial lo asumen los ciudadanos porque así se lo impone el Gobierno de turno.

En esta ley, también se reguló el Plan Nacional de Garantía Juvenil, aprovechando los fondos concedidos por la Comisión Europea a España por ser el Estado de la UE con el porcentaje de paro más elevado de jóvenes. Con dicho Plan se vuelve al sistema de subvención a la contratación que la propia titular de Empleo había descalificado en diferentes ocasiones reconociendo lo obvio, que los empresarios sólo contratan cuando necesitan un trabajador y si hay subvención, la cogen (en el Proyecto de PGE-2015 aparece una consignación de 470 millones con este destino). Y, para su desarrollo, se potencia el papel de las entidades colaboradoras privadas, a las que se supedita el Servicio Público de Empleo y se les garantizan 110 millones en el Presupuesto del próximo año.

Por otro lado, como el Gobierno es consciente de que la creación ficticia de un Impuesto sobre los depósitos bancarios con tipo 0%, constituye una maniobra impresentable para torpedear la recaudación que obtenían las Comunidades Autónomas que había creado tal figura tributaria y que el Tribunal Constitucional puede estimar los recursos presentados, fija en esta ley un tipo máximo del 0,03%, claramente insuficiente.

Incorpora también este texto una de las últimas aberraciones de Gallardón, la privatización del Registro Civil encomendando su gestión a los Registradores Mercantiles, de momento sin coste para los usuarios pero es de temer que, aún siendo cuantiosos los ingresos de aquellos, tal situación no dure mucho o se acabe traduciendo en un incremento de sus aranceles.

Se modifica, igualmente la tasa de reposición en las Fuerzas Armadas; se amplían las zonas de interés turístico en las que cabe establecer la libertad de horarios comerciales (incluyendo a Gijón y Oviedo); se incrementa la fiscalización del Ministerio de Hacienda sobre las finanzas municipales...

A lo largo del trámite parlamentario diferentes portavoces han calificado al proyecto como "ómnibus", "portaaviones"..., pero dada la diversidad de contenidos y de intereses subyacentes, esta ley constituye una auténtica "olla podrida" en la acepción "olla de los poderosos". Princesa de los cocidos, según Calderón de la Barca, exige la presencia de carnes, hortalizas y legumbres, auténtico popurri en su concepción por los franceses. Y esto es lo que ocurre en esta ley, que aparecen los intereses de muchos poderosos, las entidades financieras, los inversores en Aena, los registradores mercantiles, las grandes superficies comerciales, las agencias privadas de colocación, las "gasísticas..." Pero para Covarrubias, este plato sólo resulta sabroso si se cuece muy despacio, a fuego lento. Éste no ha sido el caso. A alguno, seguro, se le va a atragantar.