José Ángel Fernández Villa no se presentó ayer, a mediodía, en Sama, en la sede del sindicato SOMA-FITAG-UGT, al acto de conciliación con la central, que está tramitando su expulsión. Era lo esperado, pero el exlíder del SOMA, que debía acudir en persona, "no ha remitido ninguna justificación" por su falta, lo que podría haber aplazado la cita. Tal y como explicó el secretario de organización de FITAG-UGT, Jesús García Zamora, la conciliación se da por celebrada, se levantó acta y la tramitación de la expulsión sigue adelante. Unos trámites que, entre posibles recursos y decisiones del comité de garantías, podrían retrasar la expulsión definitiva de Villa hasta dentro de un mes y medio.

Tras su ingreso en el Hospital Central, nadie esperaba ayer que Fernández Villa pasase por la sede del SOMA a explicar la procedencia de los 1,4 millones de euros que regularizó en la última amnistía fiscal. Confirmada la ausencia del "denunciado", los "denunciantes", es decir, la ejecutiva del SOMA, levantó acta de la conciliación, que como apuntaba García Zamora "se ha cerrado sin acuerdo, por la incomparecencia de Villa". El acta se enviará al comité de garantías federal de UGT. Zamora explicó que el sindicato comunicó a Villa esta comparencia vía burofax, remitido el pasado día 8, por lo que "estaba al tanto" del acto de conciliación. De momento, Fernández Villa sigue suspendido de militancia y ha perdido sus derechos como afiliado al sindicato.

Ahora, el comité de garantías decidirá sobre el expediente del acto de conciliación, cuyo resultado se comunicará a las partes. Después, habrá un periodo de alegaciones sobre la expulsión, en el que tanto el acusado como la acusación podrán pedir que se practiquen pruebas o se hable con testigos. La expulsión puede tardar entre "un mes o mes y medio".