La propuesta del gobierno del Principado para agilizar el trámite del salario social mediante una modificación en la ley que lo regula hace recelar a Izquierda Unida mientras levanta ovaciones en el PP. La oposición se divide entre la impresión de los populares de que conviene instituir normativamente mecanismos "para prevenir el colapso de las solicitudes" y la percepción de la coalición de que no les va a dar tiempo. Con apenas seis meses de legislatura por delante, el trámite que lleva consigo el cambio legislativo impedirá que la medida "surta efectos prácticos antes de marzo" ni siquiera aunque se plantee por el procedimiento de urgencia. Esa es la opinión de la diputada de IU Noemí Martín, que entiende imprescindible la agilización de la gestión de las prestaciones pero "innecesaria" su reglamentación mediante una reforma de la ley.

Entiende Martín que en las condiciones actuales, "la nueva herramienta informática que lleva varios meses en funcionamiento" y el refuerzo del personal en 15 personas bastarían para eliminar el atasco de solicitantes en seis meses con una precisión: "Si hay voluntad". Porque el problema y el matiz de fondo es, al decir de la parlamentaria, que "el gobierno debe decir si está dispuesto a poner encima de la mesa quince millones de euros más" para hacer frente al colapso. La diputada se dice "convencida de que esto es un problema económico" y su grupo parlamentario interpelará la próxima semana sobre este asunto a la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, a la búsqueda de explicaciones para su decisión de agilizar el trámite mediante una reforma de la ley.

"Parece que el programa informático está dando resultados, que se empiezan a notar descensos de la demora en la tramitación", acepta la diputada del PP Victoria Delgado, a quien le parecen "correctos" el propósito y el mecanismo. Lo son, precisa la parlamentaria, "todas las medidas que pretendan prevenir el colapso en las solicitudes y el otorgamiento de las prestaciones". Y ellos, que junto a otros grupos llevan "toda la legislatura censurando al gobierno por la mala gestión de la tramitación", reaccionan con asentimiento "a la creación mediante proyecto de ley de estos instrumentos para evitar ese deterioro en la tramitación. Nos parece muy bien", apostilla.

Sin concretar cuándo estará operativo, la consejera de Bienestar Social anunció el pasado lunes los pormenores del mecanismo que permitirá disponer de un trámite excepcional de urgencia para que los perceptores del salario social puedan obtener la prestación de forma provisional en un plazo de dos meses. Esa agilización del procedimiento sólo podrá ser efectiva si concurren determinadas circunstancias, como que el tiempo de tramitación exceda de seis meses -el doble del legalmente establecido- o que la lista de espera supere las 1.300 solicitudes durante tres meses consecutivos. En esos casos, una resolución provisional permitiría conceder la prestación en dos meses y en un año se dictaría la definitiva, procediendo entonces a abonar los atrasos o a exigir la devolución de lo cobrado si no se ha justificado correctamente el cumplimiento de los requisitos.