La Policía investiga en Asturias posibles conexiones con el escándalo de fraude de subvenciones para la formación y el asesoramiento de desempleados que ha estallado en Galicia. En concreto, los agentes han interrogado a la propietaria de una academia gijonesa cuya dirección fue utilizada por el empresario Gerardo Crespo Riestra como sede de la Asociación de Trabajadores Autónomos Discapacitados de Asturias (ADT Asturias), una de las entidades ficticias creadas para atrapar subvenciones.
La academia, situada en la Carretera Vizcaína de Gijón, era cliente de Azetanet, la empresa matriz de Crespo, que pidió a la propietaria del centro educativo gijonés el favor de recibir la documentación dirigida a la asociación, aunque la empresaria desconocía que se tratase de una entidad ficticia y los fines fraudulentos de la operación.
En junio de 2011, ADT Asturias fue inscrita por la Consejería de Industria y Empleo en el Registro de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos del Principado. La fundación data del 14 de diciembre de 2010. La petición de inscripción fue presentada por Gerardo Crespo e Ignacio Muñoz Martín, quien también figura en la inscripción de una entidad similar en Canarias.
No consta que el Principado entregase subvenciones a la Asociación de Autónomos Discapacitados, aunque sí a otra de las empresas de Crespo, la Fundación para la Empleabilidad y el Empleo (Fundefo), a la que se le concedieron subvenciones por cerca de un millón de euros, aunque finalmente sólo se le desembolsasen unos 600.000, dentro del programa de acompañamiento para desempleados. La coordinadora del equipo que gestionó el proyecto indica que las actividades formativas y de asesoramiento se realizaron y que el Servicio de Empleo del Principado quedó "muy contento". La Policía no sólo cree que algunos cursos de Fundefo no se realizaron, sino que los que se impartieron no contaron con los medios que se hizo creer a la Administración.
Crespo creó entidades ficticias, como ADT Asturias, e incluyó como asociados de las mismas a personas que desconocían el uso que se estaba haciendo de su identidad. El imputado llegó a comprar listados de personas en internet, de forma que el número de asociados de sus entidades llegó a 12.000, una cifra que chirriaba incluso a las trabajadoras de Azetanet, ahora imputadas.
Crespo contaba, según la Policía, con cierta manga ancha de la Administración gallega. De hecho, ha sido llamado a declarar Odilo Martiñá, que dimitió como director de Trabajo de Galicia el mes pasado. Crespo contó como vocales en Fundefo con José Jaime López Cossío, exdirector general de Trabajo gallego, así como Lluís Gavaldà, que lo fue con Jordi Pujol, y que ha ingresado en prisión tras ser condenado por el "caso Pallerols" de financiación ilegal de Unión Democrática de Catalunya, un caso muy similar al investigado ahora. Gavaldà es vicepresidente de la Fundación Altedia Creade, a la que el Principado concedió 1,3 millones, también para asesoramiento y formación de desempleados.
Otra de las empresas investigadas en Galicia, la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), presidida por el también imputado Eliseo Calviño, principal cliente de Azetanet, solicitó en 2010 una subvención al Principado por 446.000 euros, para desarrollar planes de formación para el empleo, pero se la rechazaron por "carecer de suficiente implantación".
