Los grupos parlamentario de PSOE y PP plantearán hoy en la Junta que se "acote" a la fortuna de José Ángel Fernández Villa y a sus posibles colaboradores el objeto de la comisión de investigación parlamentaria que indagará sobre el exlíder del SOMA. Ambos grupos parlamentarios consideran que ampliar el foco a todos los fondos mineros, como reclama el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, generaría un volumen de trabajo que haría "poco operativa" e "ineficaz" la comisión parlamentaria.
Prendes, sin embargo, defiende que la comisión especial de la Junta debe "evaluar las posibles ineficiencias, desviaciones e irregularidades de la gestión en Asturias de los sucesivos fondos mineros contemplados en los sucesivos planes de la minería, y que además investigue su posible vinculación con la existencia de una fortuna oculta en manos de l exdiputado y consejero de la empresa estatal Hunosa, José Ángel Fernández Villa, así como por parte de otros posibles colaboradores del mismo".
"Más que una investigación, sería una prospección, sería dar palos de ciego. ¿Vamos pidiendo, contrato a contrato, desde una piscina a una acera, para ver si en alguno encontramos referencias a Fernández Villa? Espero que el resto de los grupos mantengan la sensatez y acoten el objeto de la comisión para hacerla más operativa, pero en cualquier caso estamos de acuerdo en ponerla ya en marcha", manifestó ayer el portavoz parlamentario del PSOE, Fernando Lastra.
Parecida opinión expresó el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, que cree que hay que delimitar con mayor precisión el objeto de la investigación. "Todos estamos de acuerdo en crear la comisión de investigación, pero a nuestro juicio la formulación es excesivamente amplia. Hay que investigar de dónde ha salido la fortuna de Villa y si tuvo cooperadores, pero no todo lo que se hizo con los fondos mineros. Es algo que puede desviar la atención sobre esa fortuna de 1,4 millones de euros que no ha negado tener y que intentó regularizar en la amnistía fiscal, y cuyo origen, presuntamente, es irregular. Una comisión general de todos los fondos mineros sería poco útil", manifestó el representante del PP.
Aurelio Martín, portavoz del grupo parlamentario de IU, no pedirá en principio que se defina más el objeto de la comisión de investigación, a cuya constitución dará su apoyo, aunque considera "difícil" que la Junta pueda llegar a aclarar completamente el caso. "Vamos a apoyar la comisión, creemos que la transparencia es una demanda de los ciudadanos, pero no queremos despertar falsas expectativas en los ciudadanos: contamos con pocos recursos para investigar, y no hay indicios a los que agarrarse, como ocurría en el caso Marea, que tenía una investigación judicial en marcha. En estos momentos no contamos con esas pistas previas, por lo que lo tenemos más difícil. Son muchos años, muchas inversiones. Con esto no pretendemos poner ningún obstáculo, constatamos una realidad. Como es obvio, una fiscalía cuenta con medios que esta Junta no tiene".
El asunto se planteará en una reunión prevista para hoy por la mañana, en la que se definirá el marco concreto de actuación de la comisión de investigación. Será la cuarta que se constituya en el Parlamento asturiano en lo que va de legislatura. Tras la que analizó la gestión del centro cultural Niemeyer, de Avilés, y el "caso Marea". Hay además otra en marcha, por la desaparición de una alegación en un expediente que afectaba a Cogersa.
Para poner en marcha una comisión especial de este tipo, sólo es necesario contar con el apoyo de dos de los grupos parlamentarios. Una vez constituida, lo que IU pretende que se haga de la forma más rápida posible, "esta semana o la próxima", se designa a un presidente, una mesa y los representantes de los grupos. La comisión puede entonces recabar informes de distintos organismos, y pedir la citación de personas para que comparezcan. Estos están obligados a acudir a la citación, o justificar su ausencia, bajo pena de delito de desobediencia, aunque puede acogerse a su derecho a no declarar, como ocurrió en el "caso Marea", cuando algunas de las personas citadas acudieron con abogado y se negaron a prestar su testimonio. También es posible que se le niegue a la Junta alguno de los informes que reclame, sobre todo si están bajo investigación judicial o algún tipo de secreto de sumario.
Una vez analizada la documentación y recabados los testimonios que los diputados consideren necesarios, se hace un dictamen que debe ser sometido a debate en la Junta, y ante el que los grupos pueden presentar sus votos particulares.
"Creo que las comisiones de investigación parlamentarias en España están sobrevaloradas, aunque su alcance es limitado, porque no contamos con los medios que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, donde cuentan con el FBI, fiscales, etc", afirma Fernando Lastra.
