La Consejería de Bienestar Social tiene sobre la mesa los expedientes de 13.370 familias asturianas con niños a su cargo que carecen de lo más necesario. Estas familias, en el lenguaje de la asistencia social, cumplen con los criterios del indicador AROPE (viven con bajos ingresos, sufren de privación material severa o viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja o nula) y han sido seleccionadas por los servicios sociales de los ayuntamientos asturianos como posibles candidatas a una ayuda extraordinaria contra la pobreza infantil.

El presupuesto de la ayuda, de 1,4 millones de euros para este año (600.000 euros del Gobierno regional y el resto, del Estado) sólo da para 2.000 familias, según reconoció ayer la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, que considera necesario un pacto de Estado de ámbito estatal para atajar la pobreza que amenaza a muchos menores españoles. "Es cuestión de justicia social, de solidaridad intergeneracional, y de la obligación de dar a los niños un futuro que no sea de exclusión y marginación", afirmó Díaz, que calificó de "drama" la situación que viven cada vez más familias tras siete años de crisis económica. "El perfil de los usuarios de estos servicios sociales municipales (que son los que canalizarán la ayuda) ha cambiado: hay familias que perdieron el trabajo, que agotaron las ayudas y que se encuentran en el borde, realmente, personas con formación, de todo", aseguró. Están, sobre todo, en las áreas urbanas del centro de la región, ya que las rurales suelen tener más medios para contener la pobreza extrema.

Las ayudas de este año, que se aprobaron en el Consejo de Gobierno, consistirán en un único pago de 700 euros, que darán los ayuntamientos, que serán los que seleccionen a los beneficiarios. Para facilitar esta nueva línea de ayudas, destinadas al pago de gastos de comida, ropa, libros o energía eléctrica, el Principado tiene que firmar convenios con los distintos ayuntamientos asturianos. "Esperemos que la tramitación sea lo más rápida posible, enviaremos el texto del convenio esta misma semana, o el lunes a más tardar", afirmó la consejera, que espera que el dinero pueda llegar a las familias con graves necesidades y niños a su cargo en la segunda quincena de noviembre.

Para el año que viene, el borrador de presupuestos elaborado por el Gobierno regional estima una partida de 2,1 millones de euros, en la que el Principado mantiene su aportación y el Estado la sube, aunque aún no se sabe con certeza en qué cuantía. Esther Díaz destacó que Asturias es la única comunidad autónoma que cofinancia este programa de ayuda contra la pobreza infantil, e insistió en que es necesario colocar este problema entre las principales prioridades de todas las Administraciones, con medidas "transversales" que impliquen también al sistema sanitario y al educativo.

"Yo lo transmití así en el último consejo territorial, y también lo ha propuesto el Grupo Socialista en el Congreso", afirmó la consejera de Bienestar Social, que añadió que Asturias está entre las autonomías con los índices más bajos de vulnerabilidad social, lo que "no resta nada de gravedad al problema, que afecta a todo tipo de personas, el espectro social que se ve abocado a estas ayudas es muy grande".

El Consejo de Gobierno aprobó también una subvención de 1,6 millones de euros a los colegios profesionales de abogados y procuradores para el pago de la justicia gratuita, a personas con rentas bajas. El Principado destaca que estas ayudas responden a que "la justicia es un servicio público esencial en un estado de Derecho", y critica la ley de tasas del Gobierno central.