El juez coloca la estación de San Isidro en el epicentro de la red corrupta "Púnica"

La Guardia Civil investiga los pases de esquí conjuntos entre Asturias y León y la unión con Fuentes de Invierno

31.10.2014 | 04:40
Por la izquierda, Marcos Martínez y Ana González, tras su reunión del pasado septiembre en Oviedo.
Por la izquierda, Marcos Martínez y Ana González, tras su reunión del pasado septiembre en Oviedo.

Los tentáculos de la gran red corrupta que trata de desarticular la "operación Púnica" se han extendido por los complejos invernales de la Cordillera de la mano del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón (PP), encarcelado ayer por supuestas irregularidades en contratos vinculados con la estación de esquí de San Isidro. Pese al escándalo y a la alarma social desatada por este caso, en el que se han registrado medio centenar de detenciones, el gobierno del Principado no aclaró ayer si continua adelante o si, por el contrario, paraliza o pone en revisión los proyectos que comparte con la Administración leonesa en las estaciones de esquí cantábricas, algunos de los cuales, relacionados con la puesta en marcha y promoción de "forfaits" conjuntos, están siendo objeto de investigación por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Portavoces de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se limitaron a indicar que no tienen constancia de esas irregularidades y que no se les ha requerido documentación.

El magistrado Eloy Velasco, encargado de la "operación Púnica", imputa al sucesor de Isabel Carrasco en la Diputación presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho. Y es que, según consta en el auto, Marcos Martínez habría puesto en marcha "procedimientos negociados de contratación vinculados a San Isidro", en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas al "conseguidor" Alejandro de Pedro, también encarcelado ayer por Velasco, "a cambio de que éste hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León". El magistrado sostiene también que Martínez, en la prisión de Soto del Real y expulsado del PP, "tendría participación en algunas de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos".

El Principado y la Diputación de León, todavía con Isabel Carrasco al frente, suscribieron el 18 de noviembre de 2013 un convenio para la creación de dos forfaits conjuntos para el uso de sus cuatro estaciones de esquí en la Cordillera (Pajares, Fuentes de Invierno, Leitariegos y San Isidro). Además, ambas administraciones trabajan en un proyecto conjunto para la conexión del complejo leonés de San Isidro con el asturiano de Fuentes de Invierno, en el que, en una primera fase, el Principado pagaría 5 millones a la Diputación de León por el enganche eléctrico de su estación. Se trata de una actuación por la que el propio Martínez Barazón no escondió un gran empeño personal el pasado septiembre en Oviedo, durante la reunión que mantuvo con la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Ana González, para abordar el asunto. El presidente leonés ofreció toda clase de facilidades para vencer las reticencias iniciales del Ejecutivo asturiano, basadas en motivos económicos.

Según fuentes cercanas al caso, en los registros de la sede de la Diputación por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los agentes se incautaron de diversa documentación relacionada con los contratos de servicios de San Isidro. Además, habrían mostrado un especial interés en obtener información sobre la creación y la promoción de los forfaits conjuntos.

Según desveló ayer El Mundo, los investigadores también centran sus pesquisas en unos pliegos de condiciones para la unión física de San Isidro y de Fuentes de Invierno que la Diputación de León ya tendría preparados y en los que se incluía, por lo que concierne a la Administración de la provincia vecina, la adjudicación de la cafetería de su estación de esquí. La trama corrupta encabezada por Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y antiguo "número dos" de Esperanza Aguirre, habría logrado la modificación de uno de estos pliegos en favor suyo, con el supuesto beneplácito y colaboración de Marcos Martínez.

El presidente leonés, que accedió al cargo hace unos meses, tras el asesinato de Isabel Carrasco, y que el pasado jueves estuvo en Lena para acompañar a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en su visita a las obras de la variante de Pajares, ha tenido un interés muy especial en desarrollar nuevos servicios para la estación de esquí de San Isidro. Además, también se ha empeñado personalmente en desbloquear cuanto antes el proyecto para la conexión de este complejo leonés con el asturiano de Fuentes de Invierno, cuyo primer paso, consistente en la electrificación de la instalación allerana, había sido colocado en segundo plano por el Principado debido a su alto coste. Se estima en 5,5 millones de euros.

Fue el propio Martínez quien se desplazó el pasado septiembre a Oviedo para ofrecer una oferta al Principado que la consejera de Educación Cultura y Deportes calificó de "generosa". La Administración asturiana se encargaría de canalizar a lo largo de 1,8 kilómetros el conducto eléctrico desde la subestación de San Isidro hasta Fuentes de Invierno, y la Diputación, por medio de su presidente, le ofrecía la posibilidad de abonar en cinco años los costes del enganche. Martínez quiso forzar en la reunión con González un compromiso en firme para que el Principado abonase ya una primera partida de 100.000 euros antes de que concluya el actual mandato autonómico, en mayo de 2015.

El auto en el que Velasco se refiere a San Isidro no apunta a Cofely, una de las firmas que, según los investigadores, también está en el epicentro de la trama corrupta y que trabaja para el Principado realizando el mantenimiento de centros sanitarios. Los 2.300 trabajadores que conforman la plantilla de esta filial de la multinacional gala GDF Suez recibieron ayer "todo el apoyo" de Comisiones Obreras (CC OO), incidiendo en que "no tienen ninguna responsabilidad en la forma en la que sus directivos han gestionado la empresa". El sindicato asegura que por cada empleo que genera Cofely surgen otros tres puestos de trabajo indirectos.

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