La lista de espera del salario social, que supera los once meses, estará al día en marzo o abril, cuando las peticiones se resolverán dentro del plazo que fija la ley, que es de tres meses. Así lo aseguró ayer la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, que compareció en la Junta General del Principado para contestar a una pregunta de la diputada de IU, Noemí Martín, sobre el objetivo que persigue el Gobierno autonómico para modificar la ley que rige este subsidio de último recurso, para unidades familiares que no tienen otra alternativa. Díaz reconoció en la Cámara que el objetivo del cambio no es agilizar la tramitación del salario social, en la actualidad atascado, sino que pretende "dotar al nuevo Gobierno (el que surja de las elecciones de mayo) de una herramienta para que atascos así no se vuelvan a producir".

Para Noemí Martín (IU), el objetivo del cambio legal no es otro que "endurecer" las condiciones para acceder o mantener el subsidio, "porque están viendo que cada vez hay más demanda y temen que se dispare". Martín argumentó que el régimen sancionador que prevé el proyecto del Principado es más duro, ya que si se incumple alguno de los requisitos obligatorios, como comunicar el cambio de domicilio o tener escolarizados a los niños, el pago del salario se suspenderá durante un año. Con la ley actual, hay una gradación en las sanciones, según la gravedad de los incumplimientos o la reiteración de los mismos, con suspensiones de tres, seis o doce meses. Además, Martín destaca que con la nueva regulación obligará a los funcionarios a revisar de oficio la situación de los beneficiarios ya aprobados, para comprobar si han perdido el derecho al subsidio y en su caso, darles de baja. "Quieren compensar y endurecer las condiciones de estas personas para acceder al salario social", alertó la diputada de IU.

Esther Díaz replicó, tajante, que la modificación legal que impulsa no tiene "gato encerrado" y que tan solo pretende aplicar la ley del Salario Social "con justicia y equidad". "El que tenga derecho a este subsidio, lo tendrá, y sin retrasos, pues estamos logrando superar la situación desastrosa que nos encontramos al llegar al Gobierno".

Díaz afirmó que en la actualidad cuentan con un equipo de 50 personas dedicadas en exclusiva a tramitar las peticiones y revisar los expedientes, y añadió que por fin cuentan con un programa informático adecuado "y que funciona", porque "hasta que llegamos, estaban funcionando con una hoja de Excel, en condiciones penosas". Según los datos que facilitó ayer, en 29 meses que llevan en el Gobierno han gestionado 23.000 expedientes y dado de alta a 5.500 personas nuevas, cuando "en los seis años anteriores, se tramitaron 43.000 expedientes". Según la consejera, en la actualidad 29.500 asturianos se benefician de este subsidio, que tiene en nómina a 13.332 titulares.

"No tenemos ninguna intención de recorte: este año había un presupuesto de 45 millones, que aumentamos en 23 millones con la ley de Crédito, y vamos a aprobar un nuevo aumento de más de 13 millones. Al finalizar el año, la nómina del salario social superará los 83 millones, lo que demuestra que no pretendemos recortar".