José Antonio Postigo, presidente del Montepío de la Minería hasta el pasado mes de junio, ingresó en torno a 300.000 euros en la misma sucursal bancaria de Oviedo a la que acudió José Ángel Fernández Villa, exlíder del SOMA, a regularizar 1,4 millones de euros acogiéndose a la amnistía fiscal de 2012. La Fiscalía Anticorrupción investiga ahora el origen de los 1,4 millones. Villa y Postigo acudieron a esta entidad acompañados de un asesor de confianza, un experto en asuntos económicos vinculado al Montepío de la Minería.
Tras ocupar cargos de alta responsabilidad durante años en la comisión ejecutiva del SOMA, donde fue uno de los hombres de la máxima confianza de Villa, Postigo accedió a la presidencia del Montepío de la Minería en 2007. Permaneció en el cargo hasta el pasado junio, cuando formalizó su dimisión alegando motivos personales. Fue sustituido por Juan José Pulgar, antiguo "número dos" del SOMA, donde acabó enfrentado a Fernández Villa.
La gestión de Postigo al frente de la mutua minera, con unos 13.000 mutualistas, ha estado marcada por el macrogeriátrico de Felechosa, en Aller, un proyecto financiado con más de 31 millones de euros procedentes de fondos mineros desarrollado íntegramente por el propio Montepío. Se trata de la primera actuación con cargo a las partidas de reactivación de las Cuencas que no fue gestionada por una Administración pública.
El Ministerio de Industria tiene paralizado el último pago, de 3,3 millones de euros, al entender que la mutua ha cambiado la orientación del negocio abriendo al público parte de las instalaciones, entre ellas el "spa".
El macrogeriátrico de Felechosa, gran orgullo de Postigo cuando dejó la presidencia del Montepío, registró el año pasado unas pérdidas de 659.019 euros, la ocupación roza el 30% y la plantilla ha sido sometida ya a una regulación de empleo. Rolando Fernández, hijo de Fernández Villa, fue su gerente hasta que Pulgar le cesó hace aproximadamente un mes. Su sueldo anual era de 50.000 euros y contaba con un "blindaje" de 80.000 euros en caso de despido. Rolando Fernández acaba de presentar un recurso ante el Juzgado de lo Social de Mieres para reclamar su restitución en el cargo.
Este diario trató ayer, infructuosamente, de contactar con Postigo para que diera su versión sobre este asunto y sobre la procedencia del dinero. Villa achacó el origen de los 1,4 millones de euros que regularizó en la amnistía fiscal de 2012, que coincidió con la última movilización minera, a una herencia de su madre, Ludivina Villa, fallecida en 2011, que regentó durante años un bar en Tuilla junto a su marido, Hermógenes Fernández. El matrimonio tuvo cinco hijos. Hoy viven tres: José Ángel, Hermógenes y Asunción.
De 71 años, Fernández Villa se acogió a la amnistía para legalizar el dinero que había escondido a Hacienda cumplimentando el modelo de declaración 750 (autoliquidación) y D-750 (relación de bienes y derechos). Luego, los presentó ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria por internet, haciendo constar en una de las casillas que los ingresos provenían de esa supuesta herencia. El ex líder del SOMA tuvo que pagar a Hacienda el 10% de los 1,4 millones a regularizar de acuerdo con las condiciones de la amnistía fiscal.
La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación, que sigue su curso, para determinar el origen del dinero. Las diligencias, dirigidas por la fiscal Carmen García Cerdá, ya se prorrogaron en una ocasión y volverán a ampliarse en los próximos días.
Villa sufre un deterioro neurológico, según sus allegados, que podría impedirle dar explicaciones sobre el origen de su fortuna. Además, una vez que la Junta General del Principado decidió investigarle, permaneció ingresado durante una semana en el HUCA aquejado de un cuadro de confusión. El veterano sindicalista está llamado a comparecer el próximo martes en el Parlamento autonómico.
