La Consejería de Educación ha decidido iniciar el procedimiento para declarar nulo el contrato de concesión del servicio de comedor en los colegios Gesta I y II de Oviedo a la empresa Cook Gastronomía Integral, de la que es copropietario el diputado de Foro José Antonio Martínez. El Gobierno regional fundamenta su decisión en dos informes de organismos vinculados al Ministerio de Hacienda que acreditan que la condición de parlamentario de Martínez hace incurrir a la sociedad en uno de los supuestos que la inhabilitan para contratar con la Administración.

Una resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería con fecha del pasado viernes aclara que adopta esta decisión al tener conocimiento de una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y de un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, órganos ambos adscritos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que daban cuenta de que Martínez "está incurso en una de las circunstancias de prohibición de contratar desde la fecha de su nombramiento como diputado autonómico electo".

Los textos fueron redactados a instancias de otras dos consejerías del Principado para resolver dos conflictos distintos por la supuesta incompatibilidad de la empresa de la que José Antonio Martínez era administrador único para hacerse cargo de otros servicios por delegación del Gobierno regional. En uno de ellos, con fecha del pasado 7 de marzo, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales utiliza, entre otros, el argumento de la incompatibilidad para denegar un recurso de Cook contra su exclusión en un concurso promovido por el Servicio de Salud del Principado (SESPA). La compañía optaba a prestar el servicio de alimentación a pacientes de la red de salud mental del área sanitaria IV, con cabecera en Oviedo. El otro escrito es un informe emitido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa a instancias de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda a raíz de un procedimiento para adjudicar servicios análogos en una residencia geriátrica.

Este segundo documento lo pidió Bienestar cuando al frente de la Consejería estaba Esther Díaz, que dimitió el pasado lunes tras desvelarse su participación accionarial en una sociedad que suministraba materiales a empresas adjudicatarias de obra pública. Díaz, que dijo sentirse víctima de "un linchamiento político", se despidió en la Junta dejando, entre otros, un recado para los diputados de Foro: "Apliquen en sus propias filas la ejemplaridad de la que hablan".

Antes del anuncio público de la dimisión, el lunes, pero después de desvelarse la presencia de Díaz en el accionariado de Davelco, la Consejería de Educación adoptó la resolución que inicia el procedimiento de revisión de oficio del contrato de Cook con los colegios Gesta I y II. Decide declarar, "si procede, la nulidad de la resolución del 29 de agosto de 2012" por la que esa misma Consejería adjudicó a Cook el contrato de comedor y vigilancia" en esos centros escolares. El compromiso encomendaba la prestación del servicio a la empresa desde el 10 de septiembre de 2012 y expiraba en junio de 2016. Educación esgrime los informes de Hacienda para sostener que "concurre un supuesto vicio de nulidad de pleno derecho del acto de adjudicación y de los posteriores derivados del mismo" porque Martínez, como diputado, incurría en "una de las circunstancias de prohibición de contratar" previstas en la Ley de Contratos del Sector Público "no sólo desde la adjudicación del contrato que nos ocupa, sino incluso desde la presentación de su oferta", el 30 de julio de 2012. A pesar de ello, le fue adjudicado el servicio.

José Antonio Martínez fue desde febrero de 2010 administrador único de la empresa, cargo del que cesó el pasado día 15 de mayo.