El Gobierno de Foro adjudicó el contrato de elaboración de comidas para los centros de salud mental del área sanitaria IV a la empresa Cook, de su diputado José Antonio Martínez, contra el criterio de los juristas del Servicio de Salud del Principado (SESPA), en enero de 2012. El jefe del servicio jurídico llegó a formular un voto particular contra el acuerdo de la Mesa de Contratación que dio a la empresa Cook un contrato licitado para un importe global de 659.352 euros por un año de prestación más otro de prórroga. La empresa del forista Martínez facturó en 2013, un total de 3,7 millones de euros.
La discrepancia expresada por el jefe del servicio jurídico del Sespa ya se fundamentaba en 2012 en los mismos razonamientos a los que se acogió con posterioridad el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, ambos dependientes del Ministerio de Hacienda, para establecer que José Antonio Martínez incurre en incompatibilidad para contratar con la Administración por su condición de diputado autonómico.
El jefe del servicio jurídico del SESPA reflejó en un voto particular, el 23 de diciembre de 2011, que José Antonio Martínez, entonces administrador único de Cook, "es diputado de la Junta General del Principado, lo que le imposibilitaría contratar con el Servicio de Salud del Principado por estar incurso en causa de prohibición prevista en la Ley de Contratos del Sector Público".
La empresa del diputado Martínez concurría a un contrato para el servicio de alimentación de pacientes de la red de salud mental del área sanitaria IV, al que se presentaron también otras dos empresas. La oferta de Cook resultó ser la más cara y la menos valorada si bien las otras dos propuestas quedaron excluidas finalmente por la Mesa de Contratación del SESPA por una serie de incumplimientos. Ante el reparo formulado por el jefe de los servicios jurídicos, la Mesa de Contratación resolvió por unanimidad pedir al diputado de Foro que acreditase su compatibilidad, una exigencia que ya fijaba el pliego de condiciones y que el jefe de los servicios jurídicos del Servicio de Salud recordó al final de su voto particular.
Informe del letrado
El 4 de enero de 2012, el representante de Cook aportó un informe del Letrado Mayor de la Junta -solicitado por otro parlamentario de Foro por un tema distinto-, donde se concluía que la condición de diputado autonómico "no es impedimento legal para ser contratista con el sector público, ni estatal, ni autonómico, ni local" y en el que también se precisaba que los diputados con dedicación absoluta tienen prohibido el desempeño de cargos en empresas concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros. José Antonio Martínez siempre ha figurado en la relación de parlamentarios sin dedicación absoluta, desde su toma de posesión como diputado autonómico, en la primavera de 2011. A la vista de esa documentación, la Mesa de Contratación trasladó a la Dirección de Gestión y Servicios Generales del SESPA la propuesta de adjudicar el contrato a Cook por un importe de 310.577 euros para un período de 11 meses, dando lugar a una resolución fechada el 26 de enero de 2012 en la que se acordó la correspondiente adjudicación, que coincidió con la etapa final de Cascos al frente del Gobierno regional. El, por entonces, presidente autonómico anunció la convocatoria anticipada de elecciones cuatro días después, el 30 de enero.
El voto particular de los servicios jurídicos del Sespa fue reivindicado y recuperado un año después, en febrero de 2013, por la Mesa de Contratación que debía resolver un nuevo contrato para ese mismo servicio. Este órgano volvió a requerir a José Antonio Martínez que aportase documentación sobre su compatibilidad para contratar con la Administración y el diputado forista volvió presentar el mismo informe del Letrado Mayor. En esta ocasión, la Mesa de Contratación, ya con el PSOE al frente del Gobierno, no se dio por satisfecha al entender que Martínez estaba incurso en la prohibición de contratar con el Principado. Y el diputado de Foro recurrió.
La reclamación llegó al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que desestimó los planteamientos del diputado forista en una resolución del pasado 7 de marzo, y determinó que la exclusión de Cook "resulta ajustada a derecho" por dos motivos: el primero, por no presentar la documentación exigida sobre los medios materiales para realizar el servicio y el segundo, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA en su edición del jueves, porque "es evidente que la empresa recurrente, Cook Gastronomía Integral, se encuentra incursa en prohibición de contratar al ser su administrador único diputado autonómico lo que (...) supone la incompatibilidad para el ejercicio de actividades privadas".
