Dos diputados regionales, dos alcaldes y un teniente de alcalde condenados por la justicia. Otros ocho regidores imputados. Un director general del Principado cesado por su presunta relación con una trama delictiva por la que también está imputado el que fuera máximo responsable del PP en San Martín del Rey Aurelio y que mantiene bajo la lupa de la justicia los contratos del agua en 27 concejos. Este es, a trazo grueso, el balance de una legislatura autonómica que concluye dentro de seis meses y que ha estado marcada por la sombra de la corrupción y por las polémicas y causas judiciales relacionadas con la gestión política. Hay 33 políticos afectados por los escándalos, más que nunca en la historia reciente de una región, que todavía espera por el juicio del "caso Marea", de presunta corrupción en la Administración del Principado siendo presidente el socialista Vicente Álvarez Areces.
En el Gobierno de Javier Fernández se han registrados dos bajas por escándalos políticos en lo que va de mandato. Esther Díaz dimitió como consejera de Bienestar Social y Vivienda a causa de la polémica por su participación en la empresa familiar Davelco, suministradora de material a adjudicatarias de obra pública. El director general de Administración Local, José Balmori, fue cesado después de que trascendiera que la jueza que lleva la trama del agua investiga su relación con la empresa Aquagest.
En la Junta, el anuncio de la apertura de juicio oral por un delito continuado de exacciones ilegales provocó la dimisión del socialista Francisco González, exalcalde de Cudillero, como diputado. La Cámara expulsó a Ángel González, portavoz de IU, después de que éste se negara a renunciar tras ser condenado a siete años de inhabilitación especial por prevaricación administrativa cuando era Viceconsejero de Bienestar Social.
Dos diputados foristas en la Junta se han visto envueltos en sendos escándalos de presunta incompatibilidad entre su actividad política y la profesional. La empresa de prefabricados de hormigón en la que Pelayo Roces figuraba como director facturó suministros por valor de 4.071,08 euros a la adjudicataria de unas obras adjudicadas por el Parlamento regional a través de una mesa de contratación presidida por el propio Roces, que entonces era vicepresidente segundo de la Cámara. Además, en 2012 la firma del también diputado forista José Antonio Martínez se hizo con un contrato del Principado licitado en 659.352 euros, cuatro días antes de que Francisco Álvarez-Cascos, presidente del Principado, adelantase las elecciones.
Otro escándalo sonado en la Junta fue el de los gastos de kilometraje. En marzo de 2013, el PSOE acusó de fraude al popular Alfonso Román López por "decir que reside en Tapia cuando todo el mundo sabe que vive en Oviedo". El objetivo del parlamentario popular, que no repetirá en la lista autonómica del PP en de 2015, habría sido engordar los gastos de kilometraje, anomalía de la que fue advertido por el Interventor.
Ya en el ámbito municipal, el balance del mandato recoge las renuncias de dos alcaldes de Foro, tras haber sido condenados judicialmente. En Cabrales, José Antonio Pérez Prieto fue sentenciado a siete años de inhabilitación por prevaricación por simular un contrato de trabajo a un concejal. En Ponga, Cándido Vega dejó el cargo tras ser condenado a un año y medio de cárcel y siete de inhabilitación por delitos de prevaricación, desobediencia y contra los recursos naturales y el medio ambiente.
El teniente de alcalde de Oviedo, Jaime Reinares (PP), también ha sido sentenciado a un año de prisión por revelar correos electrónicos de la cuenta de una alta funcionaria de la Sindicatura de Cuentas. Se niega a dimitir.
Aunque sin causas judiciales, Gijón no escapa a la polémica. Pocos después de que accediera al cargo, se supo que la alcaldesa forista Carmen Moriyón seguía ejerciendo como cirujana en un hospital privado de la ciudad pese a tener dedicación exclusiva. Otros dos ediles casquistas han sido reprochados por incompatibilidad. Rafael Felgueroso, responsable de Seguridad Ciudadana, es abogado en ejercicio. El empresario Fernando Couto lleva Desarrollo Económico y Empleo.
En Avilés, la alcaldesa, Pilar Varela, se ha visto salpicada por la sombra de la corrupción. Fue imputada en el caso de las facturas del Niemeyer. El Juzgado archivó la causa, pero Varela no repetirá de candidata. En Corvera, tres concejales y un exalcalde están inmersos en procesos judiciales. Son Luis Belarmino Moro, Ana Belén Toro, Luis Solares y Enrique Bueno.
El alcalde socialista de Pravia, Antonio de Luis Solar, tiene dos procedimientos judiciales. Uno por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias al avalar por su cuenta a una empresa la compra de 14 parquímetros con los que se iba a presentar al concurso para la zona azul de la villa. Fue archivado un caso de presunta malversación por autorizar el pago a una empresa de vigilancia de tres mensualidades tras rescindir el contrato, pero sigue abierto uno por presunto fraude en las ayudas de La Azucarera.
Eustaquio Revilla, regidor de Grandas de Salime por el PSOE, fue imputado por un presunto delito de uso ilícito de fondos públicos para la promoción de la patata local, aunque la causa ha sido sobreseida de forma provisional. El de Aller, el también socialista David Moreno, está acusado, al igual que su predecesor, Gabriel Pérez Villalta, de un presunto delito de prevaricación en la concesión de subvenciones. El regidor de Soto del Barco, Jaime Menéndez, ha sido imputado por prevaricación en la contratación de personal, y Belarmino Fernández, alcalde socialista de Somiedo, también estuvo imputado por prevaricación, aunque el procedimiento se archivó, al igual que sucedió con la imputación de Marcelino Martínez, regidor de Sobrescobio por el PSOE.
El alcalde socialista de Carreño, Ángel Riego, ha sido imputado por la contratación de orquestas y el de Teverga, Berlamino Álvarez, por prevaricación.
En Cangas del Narcea dimitió el portavoz de IU y exalcalde José Manuel Martínez, por la presunta adjudicación irregular de unas obras en su etapa de regidor. En el mismo concejo, el exconcejal de Urbanismo José Ramón Puerto y su esposa han sido citado como imputados en relación con la "Operación Pokémon".
También por su relación con esta trama corrupta presentó su dimisión como asesor del gobierno de Cangas del Narcea (gobernado por el PP) Carlos Guerrero, exalcalde de Pravia, mientras que el expresidente del PP de San Martín del Rey Aurelio Joaquín Fernández fue expulsado del PP al ser implicado en esta causa.
En Siero, el edil forista Manuel Ballestero tenía un tercio de las acciones y era administrador de la sociedad Remoin Electronic cuando entró en la Corporación. Esa empresa ha firmado contratos con el Ayuntamiento, especialmente tras la llegada de los casquistas al Gobierno, en el que Ballestero es edil de urbanismo.
En el ámbito sindical, José Ángel Fernández Villa y José Antonio Postigo han sido expulsados del PSOE y del SOMA por haber regularizado dinero en la amnistía fiscal de 2012. El primero afloró una fortuna de 1,4 millones de euros.
