Madrid, Modem Press
"Los secretarios de los ayuntamientos están viviendo una presión política sin precedentes". Con estas palabras se expresaba Juan Carlos González, subdirector de Programas Formativos del INAP(Instituto Nacional de Administración Pública) en una de las mesas de debate incluidas en el Congreso de Cosital (Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local) que se ha celebrado este fin de semana en Madrid.
Los secretarios (o habilitados) de los ayuntamientos son funcionarios municipales encargados, entre otras labores, de que las acciones de los concejales electos se ajusten a los procedimientos legales. Se les presume independencia e imparcialidad respecto a los políticos que eventualmente ocupan los sillones municipales, pero pueden ser cesados en sus funciones cuando el alcalde considere que ha perdido su confianza en ellos. Los secretarios se quejan de lo complicado que les resulta fiscalizar la labor de los políticos cuando éstos pueden precipitar su cese en cualquier momento sin atenerse a otra motivación más allá de la pérdida de confianza.
Hace unos días, el TSJA ratificó una sentencia previa que daba la razón al ayuntamiento de Gijón en el cese de Dora Alonso, secretaria del mismo, al considerar que éste estaba justificado por la pérdida de confianza de la alcaldesa Carmen Moriyón en la funcionaria. La oposición, por su parte, se puso del lado de Alonso y justificó el cese en que la secretaria había dado luz verde a la convocatoria de un pleno municipal que la alcaldesa no quería que se celebrase.
Éste no es el único caso similar que se produce en España. Así, en la declaración de la X Asamblea de Cosital se recoge una resolución en la que solicitan al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que se suprima el carácter de libre designación del puesto y que éste sirva como motivo para cesar a un secretario municipal.
Eulalio Ávila Cano, presidente de Cosital, confía en que los partidos hagan caso de esta sugerencia para acabar con la dependencia laboral directa de los secretarios respecto a los alcaldes: "Desde hace años proponemos que el sistema de libre designación para los habilitados no es adecuado porque conlleva el libre cese, de tal forma que si haces un informe jurídico diciendo que la ley no permite una cosa y eso no le gusta al alcalde te pueden cesar, como ya ha sucedido con algunos compañeros. Eso es una espada de Damocles, una falta de independencia y una presión sobre el funcionario que hace esos informes, que tiene que actuar de acuerde a la ley pese a quien pese".
Para Ávila, el sistema alternativo sería la provisión por mérito y que quien asuma la secretaría sea un funcionario inamovible "exceptuando los comportamiento ilegales o poco éticos que justificarían su cese, pero no porque haya perdido la confianza del equipo de gobierno. Es un insulto a la independencia, la objetividad de quien se debe a la función pública".
Sentencia judicial
Cosital viene reivindicando este cambio desde 1992 cuando promovió un recurso de inconstitucionalidad contra el sistema de libre designación. Una sentencia del Constitucional del año 2000 apuntó que aunque la ley designe el sistema como de libre designación habría que atender al mérito de los que concurren a ese puesto y que fuese su historial profesional y no la confianza política el que determine el nombramiento, del mismo modo que el cese no se tiene que deber a la pérdida de confianza del político de turno, sino con una motivación profesional, como el incumplimiento de funciones y "no en: como has hecho un informe que no me ha gustado, te ceso".
Según Ávila, la clave para una mejor convivencia entre alcaldes y habilitados estaría en que "la esfera política y la profesional se combinen sin anularse. España está en crisis porque los responsables políticos han dejado que el sistema se debilite. Los cambios tienen que llegar mediante un cambio de conductas, no sólo de leyes".
José Luis Rivera fue el abogado de Cosital que intervino en el proceso de Dora Alonso: "No estamos satisfechos con la sentencia porque nos parece bastante negativa para los intereses generales de Dora y del Colegio. La libre designación, si se da, es con los estrictos requisitos de la sentencia del Constitucional del 2000 porque no hacerlo así significaría que el secretario no puede actuar con objetividad y neutralidad".
En el caso de Dora Alonso, fue suficiente alegar la pérdida de confianza para cesarla en su función: "Su cese no estuvo lo suficientemente motivado. La libre designación conjuga por un lado la confianza del equipo de gobierno con el ejercicio de funciones reservadas. Si no se motivan los actos, esa discrecionalidad que tiene esa forma de provisión se puede convertir en absoluta arbitrariedad. En el caso de Dora Alonso, ella cumplió su obligación de convocar un pleno.
Dependencia
Cosital ha intentado a lo largo de los años acabar con esta dependencia pero los partidos políticos y han hecho oídos sordos a sus peticiones: "No se suprime por la oposición de la gran mayoría de alcaldes porque entienden que deben tener esa potestad y les viene muy bien".
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, asistió al congreso de secretarios y apostó por la buena convivencia entre alcaldes y funcionarios: "Debe existir equilibrio entre los políticos y la función de control de los secretarios. Éstos son el soporte de la acción de los políticos, los que velan por la legalidad de las iniciativas de los gobiernos municipales".
De las mismas buenas palabras, fue partícipe Ángel Fernández, secretario general de la FEMP, la "patronal" de los municipios: "El principal apoyo de los alcaldes tienen que ser los secretarios de ayuntamiento y trabajar con ellos en equipo.
Elena González, viceconsejera de Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, apostó por "la búsqueda del equilibrio entre lo político y lo profesional, aunque es complicado de conjugar en el día a día. En cualquier caso, no son dos partes condenadas a no entenderse".
Manuel Arenilla, director del INAP, resaltó que "la imparcialidad es el elemento clave en la labor de los secretarios. Sin neutralidad no pueden funcionar porque su labor es defender la ley, aunque es muy difícil que esta imparcialidad se dé porque muchas veces los secretarios se ven solos".
