La Junta de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda justificó la prohibición al diputado regional José Antonio Martínez (Foro) para contratar con el Principado en razones de "moralidad pública", según un informe emitido el pasado septiembre. El dictamen tuvo su origen en una consulta de la Consejería de Bienestar Social después de que la empresa Cook, propiedad del forista, optase a un contrato licitado por la Consejería de Bienestar Social que, entonces, dirigía Esther Díaz, quien anunció su dimisión la semana pasada tras una polémica surgida con la empresa de su marido.
La Consejería de Bienestar Social solicitó en junio un informe a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa para saber si Martínez, titular de la empresa de cátering Cook, incurría en la prohibición de contratar con la administración regional, por ser diputado autonómico. A esas alturas, otro órgano de Hacienda, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, ya había dictado una resolución en la que consideraba que la empresa del forista no podía concurrir a otro contrato público, en este caso de la Consejería de Sanidad.
El informe de la Junta de Contratación Administrativa, firmado por los servicios jurídicos del Estado, introduce un elemento novedoso al analizar la incompatibilidad del diputado de Foro. No sólo establece, como ya había hecho el citado tribunal de Hacienda, que a los diputados autonómicos de Asturias les es aplicable la ley electoral general en materia de incompatibilidades al no haber legislación regional, sino que fundamenta la prohibición de contratar en el respeto "al principio de imparcialidad". El Abogado del Estado, amparándose en una sentencia del Supremo, precisa que "se establece la prohibición para evitar que exista, en realidad o en apariencia, un aprovechamiento del cargo para obtener la adjudicación del contrato. En puridad de principios, no estamos ante una incompatibilidad sino ante una prohibición para contratar fundada en razones de moralidad pública, para dar solución a los posibles conflictos de intereses".
Foro dice que el Gobierno recurre a "una legislación que no es aplicable"
El Gobierno de Foro adjudicó un contrato de servicio de comidas para pacientes de salud mental a la empresa del diputado José Antonio Martínez en enero de 2012, cuatro días antes de que Francisco Álvarez-Cascos convocase, por sorpresa, elecciones anticipadas. Aquella adjudicación fue aprobada a propuesta de una mesa de contratación del Servicio de Salud del Principado (SESPA) pese a que el jefe de sus servicios jurídicos advirtió sobre la incompatibilidad de Martínez por su condición de diputado y dejó patente su reparo mediante un voto particular que se incorporó al expediente.
El informe de la Junta Consultiva hace referencia a la relación existente entre las incompatibilidades de los cargos públicos en el ámbito de la contratación y la necesidad de preservar "la moralidad administrativa", remitiéndose a una sentencia del Tribunal Supremo. La prohibición para contratar que afecta a los diputados, según ese fallo, "tiene por objeto no sólo dotar de claridad a la actuación administrativa, sino evitar en modo absoluto toda sospecha sobre la rectitud y moralidad en la actuación de todas las personas que intervienen en la vida pública".
La dirección de Foro ha restado valor y trascendencia a las resoluciones de los órganos del Ministerio de Hacienda referentes a José Antonio Martínez sosteniendo que se trata de dictámenes administrativos "sin fuerza de ley". En el último de ellos, ese tribunal impuso una multa de 2.000 euros a la empresa Cook por "mala fe y temeridad" al recurrir por segunda vez su resolución sin aportar ningún documento nuevo contra su exclusión de un contrato licitado en 628.040 euros para servir comidas en la red de salud mental del área sanitaria IV. Tras la primera resolución de este órgano, en marzo, Martínez dejó de ser administrador único de cuatro empresas, entre ellas Cook.
La portavoz de Foro, Cristina Coto, denunció que el Gobierno "pretende aplicar" a Martínez "una legislación que no le es aplicable", acusó al Presidente "de poner a sus compañeros de otros municipios a hacerle de peones al estilo de la Stasi", en alusión a las explicaciones pedidas por el PSOE de Oviedo y Siero, y le responsabilizó de "mantener en el puesto a una consejera dimitida hace una semana", en alusión a Esther Díaz.
