Daniel Faura Llimós (Olván, Barcelona, 1948) no tardará en diagnosticar que la corrupción es síntoma de un defecto sistémico que pide mecanismos más eficaces para el control del fraude. Grandes remedios para grandes males y más que leyes nuevas, estrategias mejores para garantizar su cumplimiento. Él, que es auditor y sabe de controles, que preside el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña y fundó hace treinta años la primera auditora especializada en el sector público y hospitalario, saca de la práctica una teoría que además marca el camino hacia la generalización de la participación de auditores privados en la supervisión de instituciones públicas, en particular ayuntamientos. Hoy interviene en el Colegio de Abogados de Oviedo, a partir de las once y media de la mañana, en la última sesión de las jornadas sobre Corrupción y Transparencia.
-¿Necesita España una gran auditoría?
-La magnitud y extensión del problema pide una solución sistémica. No sirven los tratamientos puntuales. Si pretendemos tener un sistema íntegro, hay muchos pilares que deben ser reforzados. Podríamos hablar de los políticos y de la separación de poderes, o de que a veces parece que existe una tendencia a establecer normas cuando se presenta un problema sin tener en cuenta que, siendo eso importante, también lo es que existan agencias, instituciones, que obliguen a ejecutar esas leyes. La debilidad no está tanto en que no se tenga una buena legislación como en la carencia de mecanismos que hagan un seguimiento y obliguen a cumplirla. Necesitamos que los controles sean más efectivos. Las instituciones de control deben dotarse de más recursos y exigir más eficiencia.
-¿Extirpando qué males?
-Hay, por una parte, un exceso de politización, ese es un primer elemento de debilidad. Por otro lado, el control que se ejerce no alcanza a todo el universo a controlar. Sí se verifica el cumplimiento de la legalidad, pero no se controla la efectividad de las acciones públicas, si lo que se ha previsto ha sido realizado o no. Es el concepto de auditoría de gestión, que no existe en España.
-¿En la zona pública igual que en el espacio privado?
-En la gestión privada también debemos mejorar. Por ejemplo en la comunicación, en la explicación de lo que hacemos los auditores, de cuál es el alcance y las limitaciones de nuestra labor, porque hacemos más cosas que auditorías financieras. Y la auditoría financiera no está diseñada para detectar el fraude, sino para prevenirlo. Cuando hay sospechas que delatan debilidades de control es más útil otra medida, una investigación de fraude. Además, deberíamos mejorar los informes en el sector privado. Hasta ahora parecía que el auditor era un historiador, alguien que opina sobre qué ha pasado en una fecha determinada y lo que el usuario necesita cada vez más es que nos mojemos y opinemos sobre qué riesgos tiene esa entidad y qué efectos puede padecer si no corrige o previene estos riesgos.
-¿Es la crisis la que ha dejado al descubierto todo eso?
-La crisis nos ha obligado a todos a repensar lo que estábamos haciendo, a la sociedad, a los administradores de empresas, a los organismos reguladores. A los auditores, también. Es un asunto compartido, cada uno debe revisar cómo mejorar para que las cosas no sucedan como han sucedido. De las crisis se aprende; de los momentos de euforia no se aprende nada.
-¿Tendrían que haberse percatado de más casos de corrupción?
-En España se emiten unos 60.000 informes de auditoría anuales, y el hecho de que durante el año se conozcan tres o cuatro casos que pueden presentar alguna duda no debería proyectar la imagen de que el trabajo se está haciendo mal. El objetivo de la auditoría es el que es. El auditor analiza los controles internos y si observa alguna debilidad debe comunicarla a la empresa. Los primeros responsables de establecer medidas de prevención son los administradores.
-¿Es fácil engañar a un auditor?
-También hay delincuentes en el mundo empresarial, pero afortunadamente son casos contados. Es posible que en alguno se haya engañado a los órganos de supervisión o al auditor, pero los casos aislados no deberían ser motivo de alarma.
-¿Qué ocurrió en los casos de auditores sancionados, en la salida a bolsa de Bankia o las crisis de Pescanova y Gowex?
-De casos concretos no puedo hablar, no me corresponde. Están siendo objeto de procesos judiciales y no debo valorarlos.
-¿Qué margen de maniobra tiene un auditor privado para mejorar el control financiero de las instituciones públicas?
-Los organismos responsables del control, Tribunal de Cuentas o Sindicaturas autonómicas, pueden utilizar los servicios de auditores privados para ejecutar esos trabajos. En algunas comunidades autónomas, escasas, ya los usan y son efectivos. Navarra es un ejemplo: desde hace muchos años auditores privados efectúan el control de los ayuntamientos bajo tutela de la Cámara de Comptos. Esa colaboración público-privada es un modelo a seguir. Hasta ahora, casi todas las experiencias de firmas privadas auditando el sector público eran nórdicas e inglesas, pero Portugal también acaba de aprobar una ley que obliga a ello, por mandato de la Troika. Lo que está claro es que debemos hacer las cosas mucho mejor, con más calidad, y también que nuestra actuación es imprescindible. Sin auditores, los efectos de lo que nos ha pasado habrían sido mucho peores.
-De 19.030 entidades locales, sólo 1.109 audita sus cuentas. ¿El control externo serviría para prevenir corruptelas?
-Es una cuestión sistémica y no caben soluciones parciales. La auditoría es una alternativa, pero hay otras. Podríamos empezar por la propia formación en valores, un ámbito en el que nuestra sociedad tiene un déficit increíble y que habría que introducir en el ADN de la sociedad. Luego están las estrategias de buen gobierno, por ejemplo la reducción de la politización, la búsqueda de más competencia y mérito que de filiación política en los nombramientos, eso generaría más garantías de prevención de cosas como las que han sucedido. O la necesidad de favorecer canales de denuncia con absoluta protección del denunciante... Hay una teoría reconocida en nuestra profesión que dice que para que exista corrupción y fraude deben darse tres circunstancias: que quien lo comete tenga motivación, que racionalice y justifique su actividad y que tenga la oportunidad de llevarla a cabo. Nosotros sólo podemos operar sobre esta tercera pata, no en las demás.
-¿Carecen los funcionarios de la independencia necesaria para ejercer su función de control sobre el poder político?
-No todas las plazas de control interno han sido cubiertas por funcionarios de carrera y ese podría ser uno de los déficits. Debería haber más profesionales en este campo. Por otro lado, es cierto que todos, también los auditores, tenemos conflictos de independencia, y el principal es que quien que te va a pagar la factura es el órgano auditado. Si quien pagara, tanto a los interventores funcionarios como al auditor externo, fuera un tercero independiente, evitaríamos un conflicto de interés. Y debemos hacerlo; cuanta mayor independencia, más garantía de calidad del trabajo.
-El proyecto de Ley de Auditoría endurece las sanciones y las incompatibilidades de los auditores. ¿Qué opina?
-De entrada, pensamos que si todos los países de la UE tienen dos años para adaptarse a la normativa europea y ese plazo acaba en 2016, la premura del Gobierno no es buena. Este asunto debería ser objeto de un debate más extenso con la profesión. En cuanto al contenido, la rotación obligatoria de las firmas de auditoría ya fortalece la independencia, aunque en cuanto a los plazos, creemos que hay campo para buscar opciones más ventajosas que las que plantea el anteproyecto español. Las sanciones son un tema nuevo, no existe en la normativa europea. Debido al impacto mediático de algún caso, parece que vamos a machacar al auditor. Se habla de duplicar el importe de las sanciones y eso es una desproporción.
-También se dedica a la auditoría sanitaria. ¿Un lugar privilegiado para contemplar los efectos del recorte?
-Me dedico a la versión más próxima a mi realidad territorial en Cataluña, donde hay un sector muy potente de centros hospitalarios concertados con la sanidad pública. Están sufriendo los recortes presupuestarios, igual que la sanidad pública, la sociedad o los auditores. Nuestra caída de honorarios es terrible.
