La corrupción, que en España ha adquirido el nivel de "esta pandemia que nos invade", tiene tratamientos que "no pasan tanto por reformas normativas como por dotar de más independencia, recursos y medios a los organismos e instituciones de control encargadas de perseguir" estas prácticas. Esa medicación, recetada así en la voz de Begoña Sesma, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Oviedo, resume la sentencia de clausura de las jornadas "Corrupción y transparencia en el manejo de los asuntos públicos", quince horas y cuatro sesiones hasta la de ayer en el Colegio de Abogados de Oviedo. Asienten al veredicto, cada cual a su modo, los ponentes que en la charla representaban ayer a organismos encargados justo de la supervisión y la persecución del fraude: Daniel Faura, presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña; Víctor Leiva, capitán de la Policía Judicial de la Guardia Civil, y Dámaso Colunga, comisario jefe de la Policía Nacional en Gijón.

Moderada por Antonio Arias, síndico de la Sindicatura de Cuentas del Principado, la mesa pintó un panorama apocalíptico con extensiones enormes en el "campo de mejora" y muchos ojos puestos encima del poder político. Al abrir el fuego, Sesma pasó revista a un país donde la "ley de financiación de partidos contiene todas las trampas y agujeros posibles para hacer ineficaz el control externo", donde la nueva norma de transparencia todavía no está, aunque se la espera, y la opacidad gana mientras tanto cada vez más terreno en el manejo de los asuntos públicos. Sostiene Sesma que "urge una reforma de raíz" de los organismos de control y apunta al Tribunal de Cuentas, a las sindicaturas, a "su composición excesivamente politizada" y al estrecho margen para mejorar y avanzar que le otorga el poder político desde que "las Cortes, y por extensión los partidos, no les proporcionan los medios y recursos que necesitarían para hacerlo".

Tiene la corrupción la capacidad de adoptar muchas formas diferentes y hasta de pasar desapercibida. Y "el despilfarro es también", ejemplifica, "una forma de corrupción, una práctica quizá menos visible y de menor impacto social, pero no por eso menos dañina".

Daniel Faura estira esa línea argumental asegurando que los mecanismos de control "necesitan recursos" y que "si no los tienen es porque no nos lo creemos". Que su sentimiento es de "vergüenza" al escuchar ahora que se obligará a los partidos a publicar sus cuentas, cuando esa imposición rige para las empresas "desde 1989".

La persecución del corrupto ha avivado los sentidos de las fuerzas de seguridad. Se lo dicen los datos al capitán Leiva. Los detenidos e imputados por estos delitos fueron 253 en 2012 y ya son 516 antes de cerrar este año, pero sobre todo ha crecido, al decir del comisario Colunga, "la sensibilidad de los ciudadanos ante la corrupción, los umbrales de tolerancia". Y aunque "los responsables públicos parece que siguen sordos al mensaje", él mantiene la demanda de una reforma que agilice los procesos judiciales y lamenta otra politización, la de la Policía. "El 90 por ciento de los altos cargos son relevados con cada cambio de Gobierno", afirma. "Me gustaría una normativa que lo impidiese".