La cifra de expulsados de la Universidad de Oviedo por bajo rendimiento, que se eleva finalmente hasta los 1.165, cayó ayer como un jarro de agua fría sobre los principales representantes de alumnos. "Es un escándalo, un dato lamentable que se produce además en un contexto en el que las familias están haciendo grandes esfuerzos económicos para que sus hijos puedan acudir a clase", señaló el presidente del Consejo de Estudiantes, Jorge Fernández, tras exigir una vez más la modificación "inmediata" de la norma que incluye las condiciones de permanencia, endurecida notablemente hace cuatro años. Raúl Carbajal, único alumno con asiento en el Consejo Social de la institución académica, también pidió "cambios", aunque en un tono más moderado. "Todos debemos ser responsables y saber muy bien dónde estamos. Y tenemos que tener interés por conocer las normas que nos afectan", explicó. Por su parte, Ignacio Villaverde, secretario de este órgano, quiso dejar claro que "nosotros no echamos a nadie, nuestra función consiste en estimar o no las solicitudes que presentan algunos de los afectados".
Los líderes estudiantiles coincidieron en que el número de expulsiones de los primeros alumnos afectados por el nuevo reglamento de permanencia, que dio a conocer LA NUEVA ESPAÑA, es incluso más alto del que esperaban hace sólo un año. "Me parece una barbaridad que el cinco por ciento de los alumnos de la Universidad se tenga que ir", señaló Fernández, con tono indignado. Y resaltó que, a los sancionados, hay que sumar los 700 matriculados que han pedido una convocatoria de gracia para no tener que abandonar ya su carrera. "En total, el 10 por ciento está en peligro. No se puede tolerar", remató el presidente del Consejo.
Para Carbajal, "este régimen de permanencia no beneficia ni al colectivo estudiantil, ni a la Universidad, ni a la sociedad asturiana". "Por eso, el rector ha querido cambiarlo, pese a la oposición del Principado", añadió. El representante de los alumnos en el Consejo Social destacó, no obstante, que de los 1.429 afectados por el reglamento de permanencia, sólo 545 presentaron una solicitud para seguir (finalmente se estimaron 264). "Habría que preguntarse si es porque desconocen que pueden hacerlo o porque simplemente quieren dejar los estudios", indicó. Y, finalmente, abogó por realizar algunas modificaciones para suavizar el reglamento, que obliga a los matriculados a aprobar 12 créditos cada curso y haber superado 90 tras acabar tercero, 48 de ellos correspondientes a primero. "No obstante, muchas veces no somos conscientes de la silla que ocupamos en la Universidad pública y lo que ello conlleva", indicó, tras apuntar que solicitará "los datos de expulsiones segregados por centros y titulaciones" para conocer mejor su impacto.
"Hay que dejar claro que nuestra función se limita a analizar cada solicitud de los afectados. Y que, buena parte de ellos, no la presentan porque muchos desean cambiarse de carrera antes incluso de incumplir los requisitos", explica el secretario del Consejo Social. "La comisión de permanencia ha resuelto más de medio millar y, en torno a la mitad, con resultados favorables a la petición de los estudiantes", añade Villaverde. "Somos el órgano encargado del cumplimiento de una norma, sólo eso", concluye.
