El juicio contra el ex presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y de la Cámara de Comercio de Oviedo y contra dos de sus hijos, celebrado en el Juzgado de lo Penal número dos de Oviedo, quedó hoy visto para sentencia. La Fiscalía del Principado de Asturias solicita para el ex presidente de la FADE una condena de un total de tres años de prisión, el pago de multas por valor de 569.879,10 euros (con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada cuota de 1.000 euros o fracción impagada) y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante nueve años por tres delitos contra la Hacienda Pública previstos en el artículo 305.1 y 2 del Código Penal, presuntamente cometidos en los ejercicios 2009, 2010 y 1011. La Fiscalía considera que concurre la atenuante de reparación del daño.

El Ministerio Fiscal acusa también por idénticos delitos (y con la apreciación de la misma atenuante) a dos de los hijos del empresario, para los que solicita la misma condena, y a la mercantil Energía Astur S. A. (Enastur), a la que considera penalmente responsable de dos delitos contra la Hacienda Pública, correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011, y para la que pide una condena de multa de 789.551,2 euros (el duplo de la cantidad presuntamente defraudada tanto en 2010 como en 2011). En el caso de Enastur se aprecia igualmente la existencia de la atenuante de reparación del daño.

Además, en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a la Hacienda Pública en la cantidad de 569.879,10 euros, es decir, la presuntamente defraudada, más los intereses legales correspondientes, que inluirían los de demora.

Este procedimiento se incoó el 19 de marzo de 2013 tras la querella formulada ante el Juzgado por el Ministerio Fiscal. El 24 de mayo de ese mismo año, Enastur, mediante un escrito, se declaró única responsable del delito correspondiente al ejercicio 2011 y aportó resguardos bancarios justificantes del ingreso de 569.879,10 euros (cantidad que se corresponde sin embargo con la cantidad total presuntamente defraudada en los tres ejercicios), que puso a disposición del Juzgado. Por esta razón, la Fiscalía del Principado de Asturias aprecia en los acusados la concurrencia de la atenuante de reparación del daño. Esta cifra cubriría parte de la responsabilidad civil generada por los hechos, aunque no la totalidad, ya que faltarían las cantidades relativas a los intereses legales correspondientes.