La decisión del gobierno del Principado de mantener vigentes los contratos de las empresas de José Antonio Martínez, diputado de Foro, con la administración regional tiene perpleja, en la versión más condescendiente, a parte de los antagonistas del Ejecutivo socialista en la Junta General del Principado. Los grupos parlamentarios de IU y PP instan al gobierno a dar explicaciones mientras reprochan el cambio de criterio, la "contradicción" y la "incongruencia" que supone, a su juicio, haber adoptado con unos meses de diferencia una resolución y la contraria. Así interpretan los movimientos de la Consejería de Educación, que el pasado noviembre decidió iniciar el proceso para anular los contratos de la empresa Cook Gastronomía para abastecer el comedor de los colegios Gesta I y II de Oviedo y el 7 de enero acordó archivar el procedimiento y dejar los compromisos tal y como estaban.

La decisión de abrir expediente de revocación se fundamentó en su momento en la prohibición para contratar con la administración que pesaba sobre Martínez por su condición de parlamentario autonómico y se apoyaba en dos informes que apuntaban en esta dirección y que habían sido emitidos por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, organismos dependientes del Ministerio de Hacienda. La resolución que ahora manda parar "comparte" expresamente aquel criterio sobre la incompatibilidad del diputado, pero encuentra asiento en la consideración de que romper el compromiso "podría producir trastornos en la prestación del servicio" y atentar contra la "seguridad jurídica".

En la bancada de la oposición, el archivo del expediente da pie a reproches por incoherente con la decisión precedente, a peticiones de explicaciones y a una demanda de clarificación del régimen de incompatibilidades. El portavoz parlamentario de IU, Aurelio Martín, habla de "la aparente contradicción del gobierno. Es difícil explicarla desde la oposición", afirma. Entiende que "debe ser el Ejecutivo" quien aclare su conducta, pero avanza la impresión de que la ida y vuelta de la apertura del expediente a su archivo "da una imagen del gobierno no sé si pobre o caótica. Tiene una contradicción evidente que sería razonable que explicase", persevera, "porque da la sensación de que una vez o la otra se equivocaron y deben pedir disculpas". Martín completa el alegato defendiendo que las fronteras entre las actividades públicas y privadas "deben clarificarse más y mejor" y asegura que aunque en lo tocante a las incompatibilidades no ve al mismo nivel a un diputado que a quien ostenta responsabilidades ejecutivas, "cuanto menos se mezcle la política con el negocio, mejor".

De su lado, el diputado popular Matías Rodríguez Feito encuentra aquí la prueba de "una incongruencia más del gobierno de Asturias". El parlamentario cita a José Antonio Martínez y a la exconsejera Esther Díaz al enumerar los supuestos de incompatibilidad "que no se deben repetir" e invita a no dejar difuminados los límites entre la actividad pública de los parlamentarios y sus intereses particulares: "Estas incompatibilidades no deben quedar bajo sospecha en la nueva ley de Buen Gobierno".

Desde Foro, el director del gabinete jurídico de la formación, Pedro Leal, da por ratificada la postura del partido casquista sobre la licitud del proceder de José Antonio Martínez. El archivo del expediente de nulidad confirma, según Leal, "que no existió la más mínima traza de irregularidad o ilegalidad en la actuación de José Antonio Martínez, sino una rigurosa observancia de la contratación pública". En su resolución, eso sí, la Consejería de Educación establece expresamente que no cuestiona, sino que "comparte" el criterio de los informes emitidos por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y la Junta Consultiva de Contratación Administrativa respecto a la prohibición que pesaba sobre las empresas de Martínez para contratar con la Administración.