Las entidades conservacionistas califican de "despropósito" el plan del lobo que está tramitando el Principado. Los grupos ecologistas rechazan tanto el sistema de pago de daños como los controles de población. Sobre estas últimas acciones consideran que, desde el punto de vista ético, al eliminarse ejemplares "de forma indiscriminada y no selectiva (incluyendo cachorros)", el Principado incurre en "xenofobia ambiental".
El biólogo Alberto Fernández Gil, vocal por las entidades conservacionistas en el Consejo del Lobo, rechaza que se califique al lobo como "un problema para el desarrollo de las explotaciones agrarias". "Por tanto, consideramos que el planteamiento, el diagnóstico, sus actuaciones y las herramientas del presente borrador del plan han de ser profundamente modificadas", añade.
Los conservacionistas creen que las dos herramientas fundamentales en las que se basa el plan, el pago de daños y los controles de población, "son deficientes, y están suponiendo de hecho un incremento de la conflictividad que pretenden solventar". Creen que el pago de los daños "se presta a conductas poco responsables en el manejo del ganado extensivo, e incluso en ocasiones a la estafa y al fraude, como lo demuestran las actuales investigaciones en trámites judiciales".
Sobre los controles poblacionales, los conservacionistas los califican de "inaceptables tanto desde un punto de vista ético como técnico o científico". Desde un punto de vista científico, indican que pueden deteriorar la "salud y la vitalidad" de los ecosistemas. Desde un punto de vista técnico, consideran que estos controles pueden "conducir a mayores tasas de predación al ganado". Finalmente, también califican de "inadmisible" la pretensión de los cazadores de participar en los controles para reducir la población de lobos.
