El Gobierno regional justificó ayer en "criterios técnicos" el mantenimiento de los contratos vigentes con las empresas del diputado de Foro, José Antonio Martínez, después de que meses atrás la consejería de Educación iniciase un procedimiento administrativo para anular el servicio de comedor de la empresa Cook en los colegios Gesta I y II de Oviedo. El portavoz del ejecutivo regional, Guillermo Martínez, aseguró que el proceder de la Consejería, "siempre basado en criterios técnicos demuestra que no hubo interferencias, ni mala fe, ni intereses partidistas de ningún tipo".

La consejería de Educación archivó la pasada semana el expediente de revocación que había incoado en noviembre pasado con el argumento de que romper ese compromiso "podría producir trastornos en la prestación del servicio" y atentar contra la "seguridad jurídica". El Principado había decidido revisar los contratos de la empresa de José Antonio Martínez por la existencia de dos informes de órganos dependientes del Ministerio de Hacienda, concretamente del Tribunal de Administrativo Central de Recursos Contractuales y de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que coincidían en que la condición de diputado autonómico de su dueño convertían a Cook en incompatible para contratar con la administración. Los dos dictámenes de Hacienda consideraban que la ley estatal de régimen electoral general (LOREG) era aplicable a los diputados autonómicos. En cambio, el Letrado de la Junta General, Alberto Arce, rubricó otro informe jurídico en el que sostenía que la ley electoral asturiana no establece la incompatibilidad del diputado José Antonio Martínez para contratar con el Principado.

El parlamentario forista, uno de los pocos que no cuenta con dedicación exclusiva en la Junta General, decidió presentar alegaciones al procedimiento iniciado por la Consejería de Educación e incluso llegó a hablar de "vendetta" porque el expediente de revocación trascendió después de que Esther Díaz dimitiera como consejera de Bienestar Social por su relación accionarial con una empresa de su marido que había colaborado en varios proyectos del Principado. El portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, dejó entrever ayer que las alegaciones habían prosperado en base "a criterios técnicos" e insistió en que todos los pasos dados por la Consejería de Educación sobre la empresa del diputado de Foro estuvieron guiados "por criterios técnicos". En su opinión, el archivo acordado por Educación "demuestra que no hubo interferencia ni mala fe ni intereses partidistas". Guillermo Martínez ofreció esta respuesta al ser preguntado sobre las explicaciones que exigieron al Gobierno tanto el PP como IU, que calificaron de "incongruente" y "contradictorio" el cambio de parecer sobre el citado expediente.