El Ministerio de Industria tenía un control "razonable" sobre la tramitación y desarrollo de los proyectos de infraestructuras y subvenciones a empresas financiadas con cargo a los fondos mineros y, de no haberse ejecutado "de forma ordenada", habría tenido conocimiento a través de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas.

Así lo ha afirmado hoy el secretario general de Energía entre mayo de 2004 y septiembre de 2006, Antonio Segura, durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga la fortuna oculta de 1,4 millones regularizada en 2012 por el ex secretario general del SOMA UGT José Ángel Fernández Villa.

Segura ha asegurado desconocer el origen de esos fondos y ha señalado que mantuvo una relación "estrictamente profesional e institucional" con Villa en las mesas de negociación y que desde su cese en septiembre de 2006 no ha mantenido más contactos con él.

Además, ha asegurado que, dado que los proyectos a financiar se negociaban antes de su aprobación en el Instituto del Carbón entre sindicatos y administración autonómica, la opinión de Fernández Villa podía tener incidencia en ese ámbito, "pero en el plano de la administración del Estado y por lo que a mí respecta, no".

"El control del Ministerio era inevitable y se ejercía una actividad de control razonable", ha señalado Fernández Segura aunque ha admitido que los recursos materiales y personales para llevarlo cabo "siempre sean insuficientes", pero que, de haberse producido irregularidades, habrían sido detectadas por la Intervención General del Estado o del Tribunal de Cuentas.

En cuanto a la ejecución del Plan de la Minería 1998-2005, en cuya gestión participó Fernández Segura, el ex secretario de Energía ha admitido que algunos aspectos pudieron no cumplirse "como pasa con todos los planes de esa complejidad", pero que sí se llevó a cabo el ajuste en la capacidad productiva previsto en el sector.

Además, ha incidido en que los planes de infraestructuras promovieron un cambio sustancia en las cuencas y en que los programas de generación de empleo tuvieron "un cumplimiento razonable, no el mejor, pero tampoco malo", mientras que en el ámbito de la formación su éxito sólo puede conocerse "a largo plazo".

Los grupos parlamentarios, que en el caso de Foro han criticado que el Instituto del Carbón no haya mandado "ni un solo folio" de la documentación requerida por la comisión, se han interesado además por el conocimiento de Fernández Segura de hechos como los producidos en Mina La Camocha que han provocado la condena de algunos directivos por cometer fraude en la producción de carbón.

El ex secretario de Energía ha calificado de "leyenda urbana" la idea de que esté generalizado el fraude consisten en mezclar carbón nacional (subvencionado) con hulla importada -de menos coste- para su venta posterior a las empresas eléctricas.

"Eso es una leyenda urbana. La única manera de saberlo es un programa de inspección duro y permanente para saber si hay mezcla de carbón. Si lo hubiera conocido habría tenido que actuar", ha añadido.