La Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas, con representantes del Tribunal de Cuentas y de los órganos de control externos, mantuvo ayer una reunión en Oviedo para hacer público el informe de fiscalización de las universidades públicas españolas, que el Tribunal aprobó el pasado 29 de enero, y para seguir impulsando su coordinación.
El encuentro, en el que ejerció de anfitrión el síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Avelino Viejo Fernández, y que estuvo presidido por el consejero del Tribunal de Cuentas, Ángel Algarra Paredes, perseguía un objetivo claro: que la Comisión funcione conjuntamente bajo los principios de lealtad institucional, máxima eficiencia y mutua colaboración.
El informe que se hizo público ayer, que tiene como ámbito temporal el ejercicio 2012, llega en un momento clave para el sistema universitario español, que prepara nuevas reformas normativas y organizativas. Su principal valor es el de servir como elemento de fiscalización conjunta de la organización, la actividad económica y financiera, y la gestión del conjunto de las universidades públicas españolas.
Para hacer más fuerte esta herramienta, también ayer los órganos de control externo de las diferentes comunidades autónomas aprobaron informes específicos en sus respectivos ámbitos que complementan y amplían el informe horizontal aprobado por el Tribunal de Cuentas.
En la Comisión también se acordaron directrices comunes para que las instituciones de control externo acometan nuevas fiscalizaciones de carácter horizontal sobre la utilización de la encomienda de gestión por las entidades del sector público autonómico español, así como sobre otros aspectos relativos a los contratos públicos. Además, se volvió a reincidir sobre la necesidad de que los parlamentos regionales, que todavía no lo han hecho, adopten las modificaciones legislativas necesarias para que la rendición de las cuentas generales se produzca antes del 30 de junio del año siguiente al que corresponden. De esa forma, los resultados de la fiscalización se podrán presentar con mayor cercanía a la fecha a la que hacen referencia.
Con los acuerdos alcanzados ayer en Oviedo, la Comisión quiere poner de manifiesto su voluntad de reforzar los mecanismos de coordinación, no ya como un deber legal, sino como una obligación inherente a su propio funcionamiento, y conseguir de esa forma un mayor grado de calidad, de eficacia y de eficiencia en los trabajos que ellos mismos realizan en las diferentes universidades y organismos públicos españoles.
