La implantación de la nueva oficina judicial (NOJ) en la región ha enfrentado en las últimas semanas al gobierno del Principado de Asturias y a los trabajadores, críticos con el sistema. En menos de quince días, los sindicatos han convocado dos manifestaciones; la última, ayer. En ella, reclamaron la convocatoria de una mesa de negociación. Para entender mejor este conflicto, a continuación se expondrán algunas de las preguntas clave.
¿Qué es?
Se trata de un nuevo modelo organizativo que rompe con la estructura tradicional de los juzgados, formados por un juez, un secretario judicial y un determinado número de funcionarios que trabajan de modo independiente. Ahora habrá un sistema de servicios comunes generales, con el fin de que la actividad judicial, según defiende el Gobierno Central, se desempeñe con la máxima eficacia y responsabilidad. Este cambio responde a la Ley Orgánica de reforma de la administración judicial de 2003. Es decir, que la NOJ llega al Principado con casi doce años de retraso.
¿Qué estructura tendrá?
Asturias es una comunidad autónoma que tiene competencias transferidas en materia de Justicia. Esto quiere decir que será el gobierno regional el que gestione y acuerde la estructura que deberá tener la nueva oficina judicial en la región. Esa estructura consta de tres unidades: el Servicio Común General (SCG), el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP) y el Servicio Común de Ejecución (SCE). En una primera fase se recurrirá al Servicio Común General al que irán a parar todos los procedimientos judiciales que se inicien en la ciudad. Esta será, por tanto, la oficina a la que irá un ciudadano, sin importar el ámbito de actuación -laboral, penal o contencioso-, cuando quiera interponer su demanda o querella. Tras este servicio actuarán los demás, que están divididos en diferentes apartados. Por ejemplo, en el Servicio Común de Ordenación de Procedimiento están las secciones de civil y penal; y en el Servicio Común de Ejecución, las de civil/ mercantil, instrucción/ penal, y contencioso/ social.
¿Cuándo se implantará?
Aún hay fecha, pero en la actualidad se están celebrando varias reuniones con un grupo de trabajo creado para tratar este asunto y compuesto por representantes de la sala de gobierno del TSJA, secretarios judiciales, sindicatos y la Administración del Principado de Asturias.
¿Cuál es la postura de los trabajadores?
Los empleados del sistema judicial en Asturias se oponen a este modelo, ya que opinan que no hay medios suficientes para garantizar su correcta gestión. El principal problema que hay es que no existe un expediente electrónico y toda la documentación está en papel. Al haber un Servicio Común General, que será al que tendrá que dirigirse el ciudadano, eso implicará que los expedientes ronden de una oficina a otra, con el riesgo de pérdida que eso puede conllevar.
