La consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado, Belén Fernández, ha reprochado este miércoles el veto del Gobierno central al proyecto de inventivos a la autopista del mar Gijón-Nantes a través de eurobonos.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno junto al portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, la titular asturiana de Fomento ha lamentado la decisión ministerial trasladada este martes al Principado para "denegar su apoyo" a la iniciativa del Gobierno de Javier Fernández, que buscaba lograr incentivos del 20% con el 'Mecanismo Conectar Europa'.

"De todos es conocido la importancia clave que tiene la autopista del mar para la actividad económica de Asturias", ha remarcado la consejera, incidiendo en el necesario compromiso de los gobiernos de España y Francia. "No deja de ser un jarro de agua fría", ha añadido, recriminando la "opacidad" en la gestión ministerial y "la falta de compromiso".

Belén Fernández ha dicho desconocer la razón del Gobierno de Mariano Rajoy para denegar la validación del proyecto, que se financiaría con mecanismos europeos sin aporte estatal o autonómico. "Constatamos un explícito veto del ministerio a esta iniciativa para promover ante la Comisión Europea un incentivo al uso de esta línea de autopista del mar", ha dicho.

De este modo, además de mencionar otras propuestas sí atendidas relativas a la Ría de Avilés y a una herramienta informática innovadora para el billete único, la consejera de Fimento ha reiterado la exigencia de la "reanudación inmediata de la línea". "Asturias no puede seguir esperando en esta situación", ha asegurado.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURAS Y PATRONAL DE LA CONSTRUCCIÓN

Por otra parte, la consejera ha apuntado las principales líneas del plan director de infraestructuras 2015-2030 con el que el Ejecutivo pretende evitar "duplicidades e incoherencias" en la ordenación y conservación.

De este modo, esperan que abarque en los próximos 15 años a las 470 vías de la red autonómica, en 4.034 de los 4.202 kilómetros con una inversión total de 1.490 millones de euros, a una media anual de 93 millones con evolución sostenible y creciente en el tiempo.

Belén Fernández ha apuntado, además, una inversión de más de 20 millones destinados a obras que ya están en marcha en este ejercicio, y la próxima licitación de 21 actuaciones con una inversión de hasta 37,2 millones de euros, junto a una inversión en 19 carreteras para mejoras de pavimento por 14,6 millones de euros.

"No es razonable invertir dinero público apartándose de los criterios de los servicios jurídicos del Principado. Es entendible el malestar o descontento del sector de la construcción, que ha sido muy castigado por la crisis, pero el ciudadano evalúa y examina cómo se gasta el dinero público y pide que se optimice el gasto", ha argumentado la consejera en respuesta a los medios con motivo de las críticas realizadas esta mañana desde la CAC-Asprocon.

De este modo, se ha mostrado comprensiva con las reivindicaciones de la patronal de la construcción para agilizar actuaciones, pero sostiene que "es indispensable planificar el futuro de las infraestructuras". "A cierre de 2014, Asturias es la comunidad con mayor nivel de inversión por habitante y la tercera por superficie", ha destacado, defendiendo el compromiso del Principado con una "gestión sensata del territorio".

COMISIÓN "TAPADERA" DE INVESTIGACIÓN

En otro orden de cosas, respecto a la comisión de investigación sobre presuntas desapariciones de documentos relativos al Plan Territorial Supramunicipal para el Área de Tratamiento Centralizado de Residuos de Asturias y la contratación del plan de residuos, la consejera ha dicho que se trata de una comisión "tapadera".

"Las conclusiones estaban escritas de antemano", ha recriminado poco después de que diputados de Foro Asturias, en rueda de prensa, señalasen que se detectan "los mismos vicios" que en la trama de corrupción de Marea.

Al respecto, Belén Fernández espera que se rechace el borrador del informe elaborado por Foro y "conformado por una sarta de mentiras", y se imponga "la sensatez" para acordar un dictamen de la comisión que "se ajuste a la realidad".