Profesores, alumnos y miembros del personal administrativo tienen claro que la reforma del Gobierno que posibilitará implantar grados de tres años y másteres de dos es "inoportuna" porque aún es pronto para conocer los resultados del modelo 4+1, adaptado plenamente hace tan sólo unos meses. Así lo expresaron representantes de los tres colectivos durante un debate que tuvo lugar ayer en el Aula Magna de la Universidad de Oviedo y que también contó con la presencia de la diputada regional del PP Susana López Ares, la única voz disonante al señalar que esta propuesta trata de "flexibilizar" el sistema. Varios participantes advirtieron de que el cambio busca favorecer a las instituciones académicas privadas y, en paralelo, acometer un recorte financiero y de personal en las públicas.

"Es un mal momento porque nos encontramos inmersos en la verificación de los grados de cuatro años y aún no conocemos sus fortalezas y sus debilidades", señaló el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica, Julio Antonio González. El dirigente censuró el cuándo y no el cómo de la reforma, al destacar que, en 2006, la comunidad universitaria abogaba mayoritariamente por el 3+2, que ahora censura. "No es una contradicción. El problema es hacerlo tras haber implantado el 4+1, por lo que convivirán diferentes modelos. Algo que sólo servirá para generar una gran confusión entre los empleadores de nuestros titulados, entre las familias y entre los colegios profesionales", destacó.

Una visión contraria a la de López Ares, defensora del modelo 3+2 desde hace años. "Vivimos en un mundo flexible y abierto y la Universidad no puede ser ajena a esto", señaló la parlamentaria popular y exvicerrectora. "¿Acaso los licenciados que estudiaron cinco años son mejores que los graduados de cuatro?", se preguntó. Y refutó algunas de las críticas vertidas contra la reforma. "En primer lugar, la horquilla de precios de la matrícula para los grados y los másteres habilitantes que fija el Ministerio y después decide cada comunidad son iguales. Habrá que preguntarse por qué en Asturias los primeros tienen una carga del 17 por ciento y, los segundos, del 24", dijo. También destacó que cualquier alumno que cumpla los requisitos académicos y económicos "tendrá derecho a una beca en cualquiera de estas titulaciones". Y resaltó que su partido "fue el que eliminó" los censurados préstamos para los másteres.

Ignacio Loy definió la reforma del Gobierno con un original símil. "Dicen que los estudios ahora serán más baratos porque los grados se reducen un año. Es como venderte once huevos como si fueran una docena y decirte que sales ganando", señaló el profesor de Psicología Básica y representante de CCOO, sindicato organizador del debate. "El problema no es la estructura de los estudios en sí, sino proponer esto en este momento. Es un cambio tan inoportuno como el ministro Wert", añadió. Y concluyó indicando que "esto se hace para duplicar las ganancias de las privadas, ya que casi todas viven de impartir másteres".

Para Jorge Fernández, presidente del Consejo de Estudiantes, el decreto busca tres objetivos: "Encarecer la Educación Superior, ya que los másteres cuestan más que los grados; reducir el profesorado y acometer una 'elitización' de la Universidad". "Es una medida antidemocrática y sin consensuar con los afectados", remató, tras calificar a la secretaria de Estado Montserrat Gomendio de "sector Ultra Sur" del Ministerio por señalar que el actual sistema no es viable. "Lo que subyace en esto es un recorte en la financiación universitaria", advirtió Ángeles Fal, representantes del personal administrativo y de servicios (PAS). "Hicimos un gran esfuerzo de adaptación a 'Bolonia' y ahora nos proponen otro cambio sin conocer los resultados del anterior", remató.