El porcentaje de estudiantes de Secundaria que confiesan que han bebido alcanza el 85,7 por ciento en Asturias; la media nacional no llega al 82. El dato, extraído de la última Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas, podría aceptarse como la evidencia del error de sistema que ahora, después de un decenio de enredos y discusiones, la ley ha decidido tratar de corregir. Asturias acompasará su legislación sobre el consumo de alcohol a la del resto de España cuando el viernes la Junta General del Principado apruebe la norma que eleva de 16 a 18 años la edad mínima para comprar y beber. Dicen varios agentes implicados en el problema que el legislador hace bien, pero también que llega retrasado y que diez años son un exceso inadmisible para un cambio de guarismos que se presumía simple y lógico. En ese punto confluyen las argumentaciones de un médico especialista en adicciones, del fiscal de menores o de algún representante de padres de alumnos que además de límites escritos exigiría soluciones prácticas, remedios educativos y programas de sensibilización que habrían de disponer, esto sí, de una dotación presupuestaria que garantice su puesta en marcha.
Jorge Fernández Caldevilla, fiscal de menores, se acuerda de todas las veces que se ha planteado este asunto en los últimos años, "cuando había un incidente de orden público asociado al abuso de alcohol, o a raíz del internamiento de algún menor por comas etílicos". Revive las muchas situaciones en las que habló de este asunto para solicitar "una legislación igual en toda España" y exponer "la necesidad de que Asturias se equiparase con todas las demás comunidades autónomas". Evoca, en realidad, todas las ocasiones en las que predicó en el desierto, haciendo hincapié incluso "en que las edades más peligrosas son las de los menores de dieciséis", y ahora valora que la determinación que está a punto de materializarse "nos parece correcta". Correcta al fin, después del retraso en la toma de decisiones que no sólo en este terreno aqueja al legislador asturiano. José Perals, exfiscal antidroga en el Principado, entiende que "desde un punto de vista jurídico, la reforma era necesaria para unificar la legislación asturiana con la del resto de España. Finalmente, se ha adoptado la decisión después de consultar con todos los sectores afectados", remata.
"Bienvenidos a la racionalidad". Se dice así cuando habla Eduardo Carreño, médico especialista en el tratamiento de las adicciones, otro de los que "a lo largo de estos diez años repitió que esto era una aberración". El acuerdo entre todos los grupos de la Junta para que Asturias deje de ser la autonomía más permisiva con el consumo de alcohol entre los menores se ha demorado, a su juicio, "por la cerrazón de algunos políticos del PSOE e IU". "Menos mal que han recapacitado", añade, porque "nunca es tarde" para adoptar una decisión que era "lógica por muchas razones". Las hay clínicas, pero "la primera es una cuestión básica de igualdad, de un agravio comparativo que redunda en perjuicio de los jóvenes de la región". No es lógico, según su criterio, "que en una región se pueda beber con dieciséis y en las demás a los dieciocho". Él dice haber constatado que la indulgencia de la legislación asturiana ha llegado a atraer a adolescentes de regiones limítrofes que "que cruzaban, bebían y volvían. Había críos que venían de intercambio sabiendo que aquí se podía beber sin problemas". Antes de llegar al motivo médico, Carreño se detiene un instante en la incongruencia de quien "está colocando el alcohol a la vista de la gente con una peligrosidad más baja de la que en realidad tiene. Se combate el consumo de drogas, se hacen campañas para limitar el del tabaco mientras se banaliza una droga como el alcohol, con efectos potencialmente muy graves, permitiendo que se beba a los dieciséis".
En la secuencia clínica del argumento a favor de la elevación del límite de consumo, el doctor Carreño precisa que "cualquier sustancia adictiva que se introduzca en el organismo tiene efectos sobre el sistema nervioso central", que "estas secuelas son mayores cuando el cerebro es más inmaduro" y que el cerebro no termina de madurar hasta los 21 años. Total, que hay razones médicas para sostener que el alcohol es mejor cuanto más tarde, o menos malo a los dieciocho que a los dieciséis, y así sucesivamente.
Calcular la dimensión del problema es posible también a la vista de los datos de un estudio elaborado hace un tiempo por el Servicio de Salud del Principado, cuyos hospitales atendieron por intoxicaciones etílicas a 275 jóvenes -de trece a veinte años- entre junio de 2012 y el mismo mes de 2013. Al dato le cabe alguna conexión con otro de los resultados de la encuesta sobre consumo de drogas, allí donde cerca del noventa por ciento de los jóvenes de 14 a 18 consideraban "relativamente fácil o muy fácil" conseguir alcohol en Asturias.
Desde la esquina de los padres, el presidente de la Confederación Asturiana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Coapa) prefiere derivar el debate hacia la cuestión educativa. Sostiene Faustino Sabio que "el límite no está en las prohibiciones, sino en las convicciones", que "la normativa facilita a la Administración el control, pero no soluciona el problema de los jóvenes", y que no bastan las buenas intenciones. Tras dejar sentado que urgía corregir "la contradicción entre el límite de consumo de Asturias y el del resto de España", reclama de la Administración un esfuerzo adicional para "dotarse de programas educativos" que dispongan de una asignación económica suficiente, de un presupuesto "que permita que se puedan cumplir y lleguen a los centros escolares y juveniles".
Sabio llama la atención sobre las múltiples implicaciones de un problema que no atañe sólo a las administraciones. "En todo esto", asegura, "tendrían que participar tanto las familias como los jóvenes", porque hay en su visión de padre "un componente generacional", una asunción de lo difícil que resulta "contarles a los hijos que no deben consumir cuando les llevamos con cuatro años a las sidrerías".
