Los letrados del "caso Marea" cada vez están más convencidos de que el juicio por el mayor escándalo de corrupción en Asturias tendrá lugar en 2016. Ayer se celebró una vista en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial en la que se abordaron los artículos de previo pronunciamiento (uno de los últimos pasos de la fase secundaria del proceso, antes de la convocatoria del juicio), en los que las defensas de los acusados plantearon, por un lado, que se juzgue de forma separada a la exfuncionaria Marta Renedo del resto de los acusados, así como la posible prescripción de los delitos. Algunos acusados pretendían además tratar en la vista la posible nulidad de las actuaciones por la supuesta ilegalidad de las escuchas, aunque el tribunal pospuso esa discusión para el momento del juicio. La defensa de Renedo dijo que ésta debe ser juzgada por un jurado, al no concurrir el delito de prevaricación. Si la Audiencia no le concede esta petición, ya ha anunciado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que podría dilatar la convocatoria del juicio entre dos y ocho meses, según diversos letrados.

Es poco probable que la Sección Tercera de la Audiencia acepte los argumentos de las defensas. Se trata de cuestiones, como indicaron tanto la fiscal como las acusaciones particulares y populares, sobre las que ya se pronunció la Audiencia en 2011, desechando la idea de dividir la causa. La defensa de Renedo, a cargo del letrado madrileño José Carlos García Hernández, planteó la llamada declinatoria de jurisdicción, según la cual su cliente no debe ser juzgada junto al exconsejero Iglesias Riopedre y el resto de los acusados. García sacó a colación lo que en su opinión es "vox populi", que "aquí hay dos causas diferentes". García dijo que "no hay ninguna conexión". Añadió que Renedo debe ser juzgada por un jurado. Pero el hecho de que sea acusada de prevaricación impide esta posibilidad, ya que se trata de un tipo de delito que no puede ser juzgado por un tribunal popular. El letrado indicó que no hay razón para que sea acusada de prevaricación. "Ella no tenía facultad alguna para prevaricar, no tenía poder de decisión" para adoptar disposiciones ilegales, insistió.

A este argumento respondería más tarde Esteban Aparicio, abogado de la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), personada como acusación popular, que "Renedo sí tenía competencia como jefa de servicio para hacer compras". Añadió por otro lado que "la prevaricación también la comete el inductor". Aparicio defendió además la "conexidad" de las dos supuestas causas. "Participan los mismos individuos en hechos similares y de difícil desentrañamiento", dijo. Y Renedo "conformaba escritos para la recepción de obras, una resolución injusta que cubre la malversación de caudales". Antonio Pineda, letrado de la anciana ya fallecida cuya identidad fue utilizada por Renedo, se adhirió a los argumentos de Aparicio.

La existencia de dos causas también fue defendida por Miguel Valdés-Hevia, letrado del empresario Víctor Muñiz, de Igrafo; Ana Muñiz Casares, de Otero; Viliulfo Díaz, letrado del empresario Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín (APSA), único empresario presente ayer en la sala, o José Joaquín García, que defiende a Ernesto Iglesias, hijo de Riopedre. Sólo Sergio Herrero, letrado del exconsejero, dio la razón a las acusaciones indicando que, por mucha razón que tuviesen las cuestiones planteadas, no era el momento procesal oportuno de presentarlas ante el tribunal.

Viliulfo Díaz se mostró contrario a diferir la discusión de la nulidad de actuaciones por las supuestas escuchas ilegales, e invitó a la Fiscalía a unirse a las defensas y presentar un incidente de nulidad en cumplimiento de la circular 1/1999, confirmada en 2013. "Las pruebas han sido obtenidas de manera ilícita", insistió. Aseguró que las acusaciones han introducido el delito de prevaricación "a calzador", para evitar que Renedo fuese juzgada de forma separada. "Debe ir al jurado, pero eso lo decidirá el Supremo", advirtió.

Por otro lado, el primer juicio derivado del "caso Marea" ha sido convocado para el 16 de abril en Gijón. Se trata del primero de los juicios por fraude fiscal contra los empresarios implicados en la trama, en concreto contra Alfonso Carlos Sánchez, que se enfrenta a una petición de 10 años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública. También hay otro proceso fiscal abierto contra el empresario Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, en el que la Fiscalía solicita nueve años de cárcel, aunque éste se encuentra aún en fase de instrucción, al estar pendiente de una peritación solicitada por la defensa, a cargo de Miguel Valdés-Hevia. Si los empresarios llegan a un acuerdo con la Fiscalía en estos juicios, podría limitarse su responsabilidad en el juicio que se celebre en Oviedo.

Además, el próximo lunes 16, la Audiencia abordará el supuesto incumplimiento del embargo judicial de los bienes de Sánchez, quien habría estado cobrando el alquiler de un chalé que fue puesto como garantía para las responsabilidades civiles.