Las cuotas lecheras, vigentes en España desde 1991 e implantadas en la Unión Europea en 1984, pasan mañana, 1 de abril, a la historia y abren de par en par la puerta a un mercado desregularizado, regido por la ley de la oferta y la demanda, con las raquíticas ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) como único consuelo. Los 2.500 ganaderos que resisten en el sector lácteo asturiano, con apenas un diez por ciento del peso total nacional, acumulan en sus manos 600.000 toneladas de producción, que pueden duplicarse o caer en picado, a tenor de la evolución del mercado en los próximos meses. Los analistas del sector advierten de que se avecina una volatilidad en los precios nunca vista hasta ahora. Así lo sostiene Ramón Artime, presidente de la Interprofesional Láctea Española y de Asaja-Asturias. Joaquín López, secretario general de la Unión de Campesinos Asturianos (UCA-UPA), tampoco concede espacio al optimismo y asegura que se avecinan tiempos difíciles, opinión coincidente con la de la secretaria general de COAG, Mercedes Cruzado, que lleva meses reclamando precios lecheros en origen que permitan competir ante las nuevas condiciones.
El caso es que, tras una larga despedida prolongada más de una década, las cuotas se van y dejan a los ganaderos solos ante el peligro que, en el caso de los asturianos, llega de zonas de España con menores costes de producción y de países del norte de Europa, como Alemania o Dinamarca, capaces de inundar de productos lácteos los lineales de los supermercados de la región.
Los ganaderos asumen el final con incertidumbre y rabia por no haber conseguido una compensación por el capital invertido en comprar cuotas, que desde los tiempos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya no se compran ni venden como un activo financiero. De recuerdo, a algunos de los profesionales del sector les quedan aún por pagar créditos pedidos en su día para comprar esa cuota que ya no vale nada.
Para tratar de hacer menos profundo el precipicio que se abre ante los ganaderos, el Ministerio de Agricultura propone una batería de medidas. España ha sido uno de los estados que han defendido en Bruselas el aplazamiento de la supresión de los cupos. Pero la decisión, avanzada en 2001 y que tomó cuerpo en 2003, es firme y queda consolidada en la nueva PAC, que estará vigente hasta 2020. A continuación, se desgranan las propuestas generales que aglutinan todas las tomadas desde el principio de la legislatura y suman otras de nueva creación.
Inyección de liquidez a la renta de los ganaderos. En la reforma de la Política Agraria Común (PAC) se ha incrementado el presupuesto en las ayudas vinculadas a la producción para el sector lácteo, que pasan de 60 a 94 millones de euros anuales hasta 2020 y que suponen un incremento del 56 por ciento respecto al anterior periodo. Las subvenciones se suman al pago básico y al pago "verde" (condicionado a prácticas medioambientales) que recibirán los ganaderos de leche. También se asignan 15 millones de euros anuales procedentes de la reserva nacional de derechos de pago único.
Ventajas fiscales. En 2013 se aprobó una reducción de los índices de rendimiento neto aplicables al método de estimación objetiva del IRPF, del 0,32 al 0,26 por ciento, y también se redujo en un 5 por ciento el rendimiento neto que se aplica los agricultores y ganaderos calculado por el método de estimación objetiva. Se han aprobado propuestas de gestión de crisis en la reforma de la PAC, como el refuerzo de la red de seguridad, a través de medidas de almacenamiento público y privado y la generalización de las medidas de gestión de crisis de mercado a todos los sectores, en caso de perturbaciones de mercado.
Aumento de la capacidad productiva. Durante las últimas tres campañas lecheras se ha repartido cuota láctea en forma de cesiones temporales gratuitas de la Reserva Nacional desde 2012 a 2014. En agosto de 2014 se distribuyeron por este cauce de forma gratuita 260.000 toneladas de cuota, que han servido para aliviar, en parte, la situación de las ganaderías que ya han rebasado este año las cuotas asignadas.
Seguimiento de los mercados y los precios. Se lleva a cabo mediante la publicación de un informe mensual, desglosado por comunidades autónomas. Aunque tiene mero carácter informativo, sirve para adoptar decisiones que en un momento de peligro puedan equilibrar el mercado.
Vigilancia exhaustiva de los costes de producción. Son el gran caballo de batalla de las explotaciones asturianas y españolas, a las que siempre se acusa de ser menos rentables que las de otros países competidores. La supervisión se lleva a cabo a través de la Red Nacional de Granjas Típicas (Rengrati). Además, el Ministerio también promueve un seguimiento específico de los costes de la alimentación de las reses, que se publican mensualmente.
Control del censo y la producción. Hasta ahora ha sido fundamental para vigilar la evolución de los excesos de ordeños y, por tanto, tratar de evitar futuras multas. Una vez desaparecidas las cuotas, el Ministerio considera interesante mantener la fórmula a través de informes mensuales.
Análisis de los precios de venta en el comercio minorista.
Se lleva a cabo utilizando los datos procedentes del Panel de Consumo en Hogares y el análisis de la dispersión de compras según el precio pagado por el consumidor por la leche líquida.
Denuncia de supuestos fraudes. La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) vigila la cadena del sector lácteo, investigando las denuncias presentadas por incumplir la ley de la cadena.
Puesta en marcha del paquete lácteo. La aplicación del paquete lácteo, con sucesivas modificaciones desde 2012, ha permitido implantar los contratos lácteos en España y crear las primeras organizaciones de productores.
Duración obligatoria de los contratos de suministro. Desde este año en España es obligatorio que los contratos de compraventa de leche entre ganaderos e industrias tengan una duración mínima de un año. Además, estas ofertas tienen que presentarse obligatoriamente dos meses antes de que comiencen las entregas de leche. Asimismo, se elimina la posibilidad de que los contratos se modifiquen de forma retroactiva.
Declaraciones obligatorias de entregas de leche. Tendrán que realizarlas los compradores de leche una vez que desaparezcan las cuotas. Actualmente, el Gobierno trabaja en un real decreto para darles forma legal. Será una forma de saber, de forma estimativa, la cantidad de leche que sale de las granjas españolas con destino a la industria.
Convenios con el sector y la Interprofesional Láctea. El principal objetivo es reducir las ventas de leche a bajo precio. Para ello se han firmado dos convenios: convenio de productos lácteos sostenibles (garantía del origen español de la leche y sostenibilidad de la cadena) y convenio de colaboración, para la mejora de la eficiencia de las cadenas de valor y comercialización de la leche y los productos lácteos (mejora de la calidad del producto).
Mejora de las relaciones comerciales entre ganaderos e industrias lácteas. El canal de diálogo será la Organización Interprofesional Láctea (INLAC), que fue reconocida en el año 2000.
Actuaciones en el seno de las instituciones comunitarias. Aunque al final las normas las imponen las autoridades europeas, sin dejar demasiado margen de maniobra a los estados, la ministra García Tejerina se compromete a impulsar medidas que ayuden a los ganaderos a sobrellevar el aterrizaje, que la consejera danesa Marian Fisher quiso hacer "suave" y para el que el actual comisario Phil Hogan no admite paños calientes.
