La magistrada de la trama del agua, Elena González, dictó el pasado día 7 un auto en el que ordena sacar de la lista de imputados a 19 políticos (del total de 43 investigados hasta ahora) por haber prescrito los delitos de cohecho impropio que habrían cometido en los años 2009 y 2010 al aceptar viajes y prebendas ofrecidos por parte de Aquagest, la empresa también imputada que gestiona los servicios públicos de agua de una veintena de municipios asturianos.
La titular del Juzgado Número 3 de Avilés asegura no obstante que existen "indicios racionales" de delito cometidos por los políticos que ahora saca de la causa que comenzó a investigar a finales del año 2012 a propósito de irregularidades detectadas en la construcción y gestión de la piscina de Corvera.
Los políticos que salen de la lista son los siguientes: Francisco José Balmori Poo, que fue director general de Administración Pública del Principado entre 2012 y 2014 (PSOE); los alcaldes Salvador Méndez (Coaña, PP) y Antonio de Luis Solar (Pravia, PSOE) y los concejales Francisco José Rodríguez Cubiella (Gijón, PP), José Ramón Pérez García (Coaña, PP), Rosana González (Coaña, PP), María Rosa Suárez Peláez (Coaña, PP), Carmen Vega (Avilés, PP), José Manuel Alba Fernández (Tineo, PP), Jesús Soto Carreira (Vegadeo, PP) y José María Osoro (Nava, PP). El exdiputado regional y actual presidente del PP en Avilés, Joaquín Aréstegui, también deja de estar investigado, al igual que el secretario de Siero, Hermenegildo Felipe Fanjul.
Los expolíticos Alberto Díaz de Tejada, Roberto Santiago, Ana Carrera, María Isabel Prieto Cigarrán y Alejandro Reimóndez también salen de la causa que investiga las presuntas irregularidades de Aquagest.
En el caso del diputado autonómico Matías Rodríguez Feito (PP), la jueza se inhibe en favor del Tribunal Supremo, dada la condición de aforado del investigado y que el supuesto delito se cometió fuera del Principado de Asturias, comunicaron hoy fuentes del TSJA.
El auto del pasado martes lo dictó la juez avilesina con parte de los argumentos presentados por la defensa del anterior director general de Administración Pública, Francisco José Balmori. La magistrada le había imputado por haberse beneficiado de una noche de alojamiento en el hotel de Las Caldas el año 2010 "a cuenta de la empresa Aquagest". El delito que la magistrada le imputaba era el de cohecho impropio. Pero en ese año, el plazo para que prescribiese el delito era de tres años. Una reforma legal posterior ha elevado a cinco años el plazo de prescripción, pero ese cambio no afecta a los hechos ocurridos antes de diciembre de 2010. Con el sobreseimiento de Balmori fueron detrás los otros.
El delito de cohecho impropio se comete cuando una autoridad recibe una prebenda. Hasta diciembre de 2010, la pena menor anterior a esta fecha era de una multa de entre tres y seis meses y prescribía a los tres años. Los políticos que están fuera de la lista de imputados fueron investigados por acciones realizadas en los años 2009 y 2010. Entre estas acciones destacan los viajes realizados a La Coruña y Barcelona por la agrupación del PP de Coaña y varios viajes a Madrid y Barcelona que abonó la empresa Aquagest.
La trama del agua continúa su curso a partir de la próxima semana en el palacio de Justicia de Avilés, cuando están citados a declarar políticos de quince municipios -no todos con contratos celebrados con la empresa Aquagest-. La lista de imputados se queda ahora con la mitad de los investigados hace sólo un mes.
