El embajador asturiano Marcos Vega Gómez (Mieres, 1961), lleva tres años esperando. En la primavera de 2012 fue fulminantemente destituido como primer responsable diplomático en la Embajada de España en Finlandia, imputado por la Audiencia Nacional por un presunto delito de falsificación de documentos, malversación y prevaricación. Tres años sin nuevo destino diplomático, a la espera de que se aclare una historia que a su ámbito cercano le huele a venganza contra su persona.
Marcos Vega llegó a la Embajada de Finlandia en 2011 y comenzó a comprobar que el funcionamiento de la legación diplomática era cuando menos discutible. El descubrimiento de una especie de cuenta opaca, que al parecer servía para que el personal no diplomático de la Embajada pudiera adquirir combustible y alcohol sin los altos impuestos que sobre estos productos impone Finlandia, desató el conflicto interno.
La cuenta estaba abierta por la propia Embajada española pero todo hace indicar que su existencia era desconocida para el Ministerio de Asuntos Exteriores. Un diario de tirada nacional señalaba ayer al "enemigo" del mierense Marcos Vega en este asunto en el que se disparó con fuego real, metafóricamente hablando. Era el canciller de la Embajada Ismael Medina, el mismo que según esta información, había denunciado en el otoño de 2011 a Marcos Vega por dos contratos irregulares a trabajadoras de la Embajada, que incluían sueldos bajos y condiciones laborales tercermundistas.
Medina tenía firma en la cuenta corriente cuya existencia Vega denunció. Cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores tomó cartas en el asunto y abrió una investigación la cuenta fue cerrada casi de inmediato (finales de 2011).
Fraude al anfitrión
No había millones de por medio ni nada que se le pareciese, pero el asunto era serio porque se trataba de un fraude al país "anfitrión", y con esas cosas no se juega en diplomacia. Finlandia devolvía los impuestos de los productos cuyo importe salía de esa cuenta. Es un procedimiento habitual, un privilegio del personal diplomático en cualquier parte del mundo, pero que no afecta al resto de trabajadores de una Embajada.
Era una especie de sobresueldo para el personal no diplomático que había sido instituido, al parecer, durante el mandato del embajador vasco Ricardo Zalacaín, quien llegó a Finlandia después de una larga trayectoria. Fue, entre otros cargos, director general de Asuntos Religiosos (1985) en sustitución del asturiano Gustavo Suárez Pertierra.
El asunto está en manos de la Audiencia Nacional. Da la impresión de que hay poca prisa por resolverlo. El Ministerio de Asuntos Exteriores calla y tiene la coartada perfecta para ello: el caso está en los tribunales.
Desde el ámbito cercano al mierense Marcos Vega Gómez, que niega todas las acusaciones, es difícil sustraerse a la idea de venganza contra el diplomático que llegó a Finlandia y que trató de recomponer lo que funcionaba irregularmente. Cada día que pasa es un castigo a su reputación. A Marcos Vega le sustituyó la catalana María Jesús Figa, actualmente en el cargo.
