Una sentencia del juzgado de lo Social número 1 de Gijón ha reconocido el derecho de un profesor de Secundaria en la enseñanza concertada a percibir el complemento de licenciados. La factura para la Consejería de Educación, que se resistía a abonar el plus aduciendo su falta de disponibilidad presupuestaria y una supuesta prescripción del derecho, asciende en este caso a 7.000 euros, pero los cálculos del sindicato Comisiones Obreras, al que pertenece el denunciante, elevan el cargo global para todo el colectivo afectado hasta 1,8 millones de euros entre salarios y cargas sociales.

El fallo, que resuelve el primero de los múltiples pleitos interpuestos por los docentes concernidos, insta a la Administración a pagar 7.000 euros a un profesor que impartió una media de quince horas en el primer ciclo de Secundaria desde el año 2009. El precedente que sienta la sentencia puede enfrentar a la Consejería, según CCOO, a una serie de sentencias desfavorables, toda vez que sólo desde esta organización sindical han presentado cerca de treinta reclamaciones por este asunto. En función de las horas de clase impartidas, que varían según los cursos y los profesores, las cantidades demandadas individualmente varían entre los novecientos y los cerca de 12.000 euros por cabeza.

La organización sindical ha lamentado en un comunicado "que tengamos que acudir a los juzgados para que abonen lo que legalmente nos corresponde" y emplaza a la Consejería a "negociar una extensión generalizada del complemento de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) para la concertada y evitar con ello la judicialización de un derecho laboral ya reconocido".

El Principado se encuentra aún, no obstante, dentro del plazo del que dispone para presentar recurso contra esta primera sentencia y al menos dilatar en el tiempo la resolución final del conflicto. De fondo resuena el equilibrio inestable del régimen de conciertos y, según el criterio de la Administración educativa asturiana, las deficiencias de un sistema en el que la patronal de la concertada y los sindicatos acuerdan las condiciones del convenio y es la Administración pública la que se hace cargo del pago.