Asturias logró, en los últimos cinco años, 31 fallos condenatorios por delitos contra el medio ambiente, la mayoría de ellos (22) relacionados con casos de incendios. Así lo manifestó ayer la Asociación Profesional de Guardas del Medio Natural de Asturias (Agumnpa), que defiende el valor del trabajo de este colectivo (son 240 efectivos en la comunidad autónoma) frente a la nueva ley de montes. La organización alerta de que la normativa pretende "eliminar de un plumazo la competencia de los agentes en materia de delitos medioambientales".
En este sentido, su presidente, Manuel Fernández, critica que "las actuaciones como policía judicial genérica de los guardas se limitaran con la nueva ley a efectuar las diligencias de prevención y actuarán con carácter auxiliar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "Se reconoce la competencia de los agentes para actuar ante un posible delito medioambiental, para detectarlo y para realizar las diligencias oportunas, pero llegados a este punto, la modificación propuesta determina que deberán inhibirse y poner la información obtenida a disposición de otro cuerpo", denuncia.
Además de los casos de incendio, la labor de los guardas se ha traducido en estos cinco años en cuatro fallos por utilización de métodos de caza ilegales, tres por delitos contra la ordenación del territorio (entre ellos el que condenó al alcalde Ponga, Cándido Vega, por desobediencia tras el arreglo de unos caminos) y uno por vertidos tóxicos al río Pinzales.
