Los nuevos proyectos de carreteras y de tendidos de AVE tendrán que contar con un estudio de rentabilidad económica y social para que su construcción reciba luz verde. La obligación de disponer de estos informes queda establecida en la nueva Ley Ferroviaria y en la de Carreteras, aprobadas ambas por el Consejo de Ministros el pasado viernes. "Una vez que entren en vigor no se va a hacer ni una sola línea de tren sin realizar un análisis previo y profundo de su retorno social y económico", subraya la ministra de Fomento, Ana Pastor, que, en cuanto a las carreteras, advierte: "No se construirán sin una rigurosa planificación previa que determine su eficiencia y su retorno social y económico".

Los expertos que han puesto en duda la rentabilidad de la red española de Alta Velocidad ferroviaria han hecho hincapié en que se ha ejecutado sin contar con los estudios que las nuevas leyes convierten en obligatorios. Gerard Llobet, que ha realizado junto a la también economista Ofelia Betancor un estudio para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en el que concluye que ninguno de los cuatro grandes corredores de Alta Velocidad que están en servicio en España resulta rentable, sostiene que hacer un análisis económico serio e independiente de las nuevas infraestructuras es esencial para la racionalización de la inversión de dinero público". A su juicio, "muchas de las infraestructuras que se han construido en España en los últimos años y de las que ahora nos escandalizamos -como los aeropuertos sin pasajeros o las autopistas sin coches- son el resultado la falta de rigurosidad en la toma de las decisiones".

Los economistas de Fedea, una fundación que tiene en su patronato al Banco de España, abogan por hacer un análisis detallado de las obras de AVE que se encuentran en marcha en España, entre ellas la línea de Asturias, con el objetivo de detener los trabajos cuando no se justifiquen social y económicamente.