Los profesores de la enseñanza concertada despidieron ayer la legislatura -a falta de pocos días para las elecciones- con un "muy deficiente" a la Consejera de Educación. No es que haya fallado en los exámenes, aseguran los sindicatos siguiendo el símil docente, sino que lleva tres años de pasotismo con esa porción educativa asturiana que supone trabajo para unos 2.700 docentes y matrícula para unos 31.000 escolares.

Los cinco sindicatos con representación en el sector protagonizaron una larga pitada ayer en la plaza de España, en Oviedo, a las puertas de la Consejería, para denunciar "tres años de prepotencia e incumplimientos de todo tipo".

No fueron muchos los congregados, apenas unos doscientos, pero la protesta tenía significado más allá del número. El tira y afloja entre la administración educativa asturiana y la enseñanza concertada en la región (afecta a unos 70 colegios, la mayoría promovidos por instituciones religiosas), fue constante y creciente. Hubo polémica hace dos años a la hora de firmar los nuevos conciertos con vigencia para cuatro cursos, y la concertada apareció con frecuencia en los debates de la Junta General para incomodidad de la Consejera.

Sobre la mesa, asignaturas pendientes que Ana González va a dejar para la persona que la sustituya en el caso de que no repita. Una es la equiparación de sueldo de los profesores que dan clase en los dos primeros cursos de la ESO en relación con sus compañeros de tercero y cuarto. "Desde el año 2010 tendrían que estar cobrando lo mismo. En estos momentos, y a pesar de las reiteradas peticiones por parte de los sindicatos, no solo no se abonan los atrasos, sino que ni siquiera se actualiza la nómina", se dijo ayer en la lectura del comunicado que puso fin a la concentración.

Se reclamó, por otra parte, el abono sin más dilaciones de la paga extraordinaria de los 25 años, a la que tienen derecho los trabajadores que demuestren esa antigüedad laboral. Hace justamente un año Administración, sindicatos y patronales firmaron un acta en el que se recoge el compromiso de firma de la Consejería, pero en el pasado mes de abril el Principado bloqueó el asunto, al parecer por falta de presupuesto.

La enseñanza concertada asturiana matricula a un 30% del total del alumnado, desde Infantil a Bachillerato, pero las relaciones con la Consejería se han enturbiado de forma muy significativa, sobre todo a raíz del decreto de Orientación. "Esta fue la Consejería que fulminó el modelo de mantenimiento del empleo que teníamos. En estos tres años, a pesar de nuestra insistencia en reclamar que se abriera una negociación para garantizar la estabilidad laboral, no hemos logrado respuesta alguna, salvo una mínima propuesta en Infantil que ni siquiera paliaba la pérdida de empleo en el sector", se explicaba en la nota de los sindicatos.

En definitiva, el sector denunció "tres años con ausencia de diálogo, del método del trágala y de la amenaza, que supusieron pérdida de recursos y derechos". La Administración regional ha recordado sin descanso en este tiempo que "no es empleadora" y que "no negocia el convenio", aunque de esas negociaciones entre sindicatos y patronal privada salgan unas obligaciones a terceros. La relación entre la Administración asturiana y los profesores de la concertada es la del pago delegado.

Los sindicatos pidieron ayer expresamente a los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas del próximo día 24 que "contemplen la necesidad de abrir una negociación para dar respuesta a las múltiples y en muchos casos históricas reivindicaciones del sector".