La consejera de Bienestar Social, Graciela Blanco, aseguró ayer que el Gobierno regional "no debe nada" a las seis asociaciones de personas discapacitadas que reclaman 120.000 euros de ayuda no abonada, lo que las aboca al cierre inmediato o al recorte de sus prestaciones. Esa cuantía, según Blanco, corresponde a una ayuda que concedía la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias y que a mediados del año pasado anunció al Principado que no suscribiría el convenio anual al tener que capitalizarse para pasar de ser la Fundación Caja de Ahorros a fundación bancaria, es decir, de entidad pública a privada. No obstante, las negociaciones están abiertas para intentar recuperar esa colaboración.

El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en el Principado de Asturias (Cermi) denuncia que en 2014, confiando en el compromiso adquirido por la Consejería de Bienestar Social, seis de sus entidades adelantaron los 120.000 euros necesarios para compensar los recortes que habían sufrido en ayudas públicas por la crisis económica. El problema es que ese dinero no ha llegado, como tampoco el correspondiente a las ayudas de 2015, aún pendientes de concesión. Esta falta de ingresos ha llevado a estos colectivos, que atienden en Asturias a más de 20.000 personas, entre discapacitados y familiares, a correr el riesgo de cierre inminente o, en el mejor de los casos, a eliminar servicios básicos que vienen prestando en la región desde hace décadas.

La Consejera de Bienestar Social, Graciela Blanco, explicó ayer que el Principado "no debe nada a estas entidades", ya que "todas las subvenciones que dependen del Principado correspondientes a 2014, tanto nominativas como por convocatoria, están abonadas en su totalidad". El problema con los 120.000 euros que adelantaron las entidades es que la Consejería ejercía únicamente como intermediaria en el marco de un convenio con la Fundación Cajastur. Pero esa entidad no suscribió ese convenio en 2014, como sí había hecho en el ejercicio anterior. En un principio, la intención de la entidad financiera era continuar con ese convenio de carácter anual. En este punto, Graciela Blanco detalla que "a mediados de año comunicó que la Obra Social de Cajastur desaparecía para convertirse en Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias, y que necesitaba capitalizarse. Es decir, recursos. Así que no iba a suscribir dicho convenio".

Fuentes próximas a la Fundación, que pertenece a Liberbank -fruto de la fusión de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura- confirmaron que el año 2014 fue "el de la transformación", que conllevó la necesidad de adoptar decisiones que en algunos casos resultaron, cuando menos, "complicadas". Según indicaron, al entidad financiera ha donado a través de la Obra Social de Cajastur "más de seis millones de euros en la última década a distintas asociaciones de enfermos y personas con discapacidad". Pero también admitieron que "los compromisos actuales se sitúan en cuantías próximas a la mitad, y que la necesidad de capitalización de la fundación bancaria obligó a realizar ajustes".

El Comité de representantes de personas con discapacidad del Principado (Cermi) denuncia que las ayudas del Principado se han reducido un 67% desde 2007, cuando contaban a través de un convenio con 1,2 millones de euros de subvenciones. En la actualidad, la cifra se sitúa en 395.000 euros. Fuentes de la Consejería de Bienestar explicaron ayer que se destinan al año 1,4 millones de euros a ayudas, de las que una parte se invierte en la prestación de servicios relacionados con la discapacidad, y 395.000 a subvenciones.

Gaspar Llamazares, portavoz de la IU en la Junta General, reclamó ayer al Principado que "libere rápidamente", las ayudas a las asociaciones que apoyan a la discapacidad en Asturias, que calificó de "imprescindibles para evitar que el tercer sector se derrumbe y por tanto tener a mayor número de personas con discapacidad con menos prestaciones".