El Principado estudia las posibles vías para restablecer la seguridad jurídica en la gestión de residuos, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) haya anulado la aprobación del plan estratégico en un fallo que considera fundamentado en "consideraciones desacertadas".
En un comunicado, el Principado admite que la sentencia "puede afectar a instalaciones actualmente en tramitación, imprescindibles para la gestión de residuos a corto y medio plazo", como la ampliación del vertedero, actualmente en fase de tramitación ambiental, previa a la contratación de las obras.
Por ello, está analizando jurídicamente las actuaciones a llevar a cabo a la vista del fallo judicial, ante el que recuerda que cabe recurso de casación.
"La decisión estará guiada por la voluntad de procurar seguridad jurídica a la gestión de los residuos en Asturias, y atender al interés general de disponer de instalaciones para su adecuado tratamiento", ha subrayado el Ejecutivo en funciones.
El Principado ha considerado que el fallo judicial "no declara nulo el Plan" sino que "advierte de la existencia de un defecto puntual de forma que se subsanaría con una nueva información pública previa a la aprobación del plan" de manera que no exige "tramitar el documento desde el principio".
Según sus cálculos, el plazo necesario para subsanar ese defecto de forma rondaría los cuatro meses.
El Gobierno regional ha subrayado que la sentencia se ciñe exclusivamente a las previsiones relativas a la planta de reciclaje de basura bruta, y "no anula ninguna de las 239 medidas propuestas en el plan, ni cuestiona ninguna de las 12 instalaciones que contempla para el tratamiento integral de los residuos en Asturias en la próxima década".
El Principado considera, además, que la sentencia se basa en una serie de consideraciones "desacertadas, y que son determinantes del fallo judicial".
Así, apunta que el fallo dice que la decisión de no acometer la construcción de la planta de reciclaje de basura bruta fue una decisión de Cogersa, adoptada tras la finalización del plazo de alegaciones, "cuando lo cierto es que existen tres alegaciones que solicitan la no ejecución de la planta, presentadas durante la información pública, y fue en consideración a las mismas que el Principado adoptó la decisión judicialmente cuestionada".
Además, precisa que "la planta no se excluye sin más, sino que se contempla la posibilidad de ejecutarla si no se alcanzan los objetivos de recogida separada planificados".
El Principado remarca que el reciclaje "sigue siendo la apuesta prioritaria para la gestión de los residuos en la versión definitiva del plan, contemplándose dicho reciclaje para más de la mitad de los residuos urbanos generados en Asturias".
La modificación introducida, ahonda, es "uno más de los numerosos ajustes y modificaciones puntuales producidos tras la información pública a raíz de la presentación de 434 alegaciones".
Por ello, rechaza que conlleve una "desvirtuación" o "rebaja de los ambiciosos objetivos de reciclaje ya contemplados en el documento inicial que se sometió a información pública, ni del modelo de gestión de los residuos para Asturias contenido en el mismo", y tampoco de la planta de incineración prevista.
El Principado también llama la atención sobre el hecho de que el fallo señala que no quedó suficientemente motivada la eliminación de la citada instalación.
"Lo cierto es que -además de no eliminarse definitivamente- existen fundadas razones ambientales y económicas que se explicitan reiteradamente en distintas partes del plan para un eventual aplazamiento de la decisión", apunta al respecto.
