Un fallo con grandes repercusiones sociales y económicas. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anuló ayer la resolución del Consejo de Gobierno que aprobó el 12 de marzo de 2014 el Plan de Residuos del Principado de Asturias (PERPA). La sala de lo contencioso- administrativo, que estima de forma parcial el recurso interpuesto por la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza y el grupo de ornitología Mavea, pone así en peligro la obra estrella de este plan: la incineradora en Serín. Aunque su puesta en marcha estaba prevista para 2020, este nuevo varapalo judicial seguramente dilate aún más en el tiempo el proyecto por el que apuesta el Principado.
Los magistrados de la sala se apoyan en que, una vez concluido el proceso de información pública, Cogersa varió su modelo de gestión de residuos al no acometer la inversión prevista para construir una planta de clasificación de basura. En su lugar, el Gobierno autonómico acordó elaborar un nuevo planteamiento, en el que finalmente se incluyó la incineradora. Según señala el fallo, todo ello supuso "una modificación esencial del plan publicado al dejar sin efecto una de las prioridades perseguidas para mejorar el medio ambiente, como es el reciclaje de residuos domésticos y dar preferencia a su eliminación por medio de la valorización energética". El TSJA añade que esta modificación se llevó a cabo "sin motivación suficiente".
Las entidades que integran "Conceyu contra la incineración" (ANA, Coordinadora Ecologista de Asturias, Ecologistas en acción, Equo, Mavea, Ganaderos contra la incineradora e IU de Carreño y Corvera) firmaron ayer un manifiesto en el que exigen al futuro Gobierno asturiano que "abandone de forma definitiva" el proyecto de la incineradora y elabore un plan "integrador". Los ecologistas lamentan el tiempo perdido y el dinero público invertido para este fin -683.000 euros en la adjudicación del contrato-. Asimismo, recuerdan al Principado que, en 13 años, han fracasado hasta cuatro planes, lo que demostraría "la tozudez de la gestión socialista de residuos y la incompetencia reconocida de sus gestores". Estos grupos también presentaron en abril una demanda contra el Plan Territorial Especial (PTE), que ahora el TSJA deberá resolver.
