El Gobierno del Principado no tira la toalla y está dispuesto a estudiar "todas las vías" con tal de seguir adelante con la construcción de una incineradora de residuos en Serín. Así se desprende de un comunicado hecho público ayer por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en respuesta al fallo dictado el lunes por la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que anula la resolución que aprobó en marzo de 2014 el Plan de Residuos del Principado de Asturias (PERPA). El Ejecutivo autonómico considera que los magistrados se apoyaron en "consideraciones desacertadas que fueron determinantes en el fallo". Entre ellas, expresan que el plan apostase antes por la valorización energética que por el reciclaje, "cuando lo cierto es que el principio de jerarquía se respeta".

La titular de Fomento, Belén Fernández, también cree que la sentencia es desacertada a la hora de decir que no hubo motivaciones suficientes para sustituir la planta de clasificación de basura por la incineradora. Al respecto, el Principado asegura que además de no eliminarse de forma definitiva esta instalación, "existen fundadas razones ambientales y económicas que se explicitan reiteradamente en distintas partes del plan para un eventual aplazamiento de la decisión". Asimismo, los socialistas discrepan en que, una vez concluido el proceso de información pública, Cogersa variase su modelo de gestión de residuos al no acometer la inversión prevista para construir una planta de clasificación de basura, tal y como sostienen los jueces. El Ejecutivo autonómico explica que "hubo tres alegaciones que solicitaron la no ejecución de la instalación, presentadas durante la información pública, y fue en consideración a ellas por lo que se adoptó la decisión ahora judicialmente cuestionada". Estas alegaciones, añaden, fueron hechas por "particulares y ayuntamientos gobernados por el PP, en concreto, Llanera y Oviedo".

Por otro lado, la Consejería de Fomento insiste en que la sentencia del Tribunal Superior no anula en ningún momento el Plan de Residuos del Principado de Asturias ni sus 239 medidas, sino que "advierte de la existencia de un defecto puntual de forma que se subsanaría con una nueva información pública previa a la aprobación del plan". Atender el requerimiento del tribunal "no implicaría por tanto volver a tramitar el documento desde el principio". El plazo que se estima desde el Gobierno regional para atender este requisito rondaría los cuatro meses. De cualquier forma, el Principado no tiene tomada ninguna decisión.

La sentencia ha levantado una oleada de críticas en la región, procedentes no sólo de los grupos ecologistas, sino también de los partidos políticos. En este sentido, Izquierda Unida exige, a través de su diputado Ovidio Zapico, al Partido Socialista y a su Ejecutivo en funciones, "que cese en su empeño de construir una macroincineradora en Asturias y apueste por una verdadera alternativa de reciclaje y reutilización ambientalmente más sostenible y generadora de empleo". En esta misma línea se pronuncia Beatriz González, de Podemos, que cree que "con una gestión adecuada de residuos, éstos dejarían de ser un grave problema para pasar a convertirse en recursos". "La incineradora no sólo es dañina para el medio ambiente, sino también para la salud y la economía", agregan. La formación propone la elaboración de un "plan de ahorro de materias primas que permita la creación de empleo, la conservación de los recursos naturales y reducción de los niveles de contaminación".

Por su parte, el diputado del Partido Popular, Luis Venta, critica al Gobierno de Javier Fernández por actuar "al más puro estilo chavista, sin respetar ni oír a los asturianos", en la elaboración del plan de residuos. Venta acusa a los socialistas de "querer imponer" este modelo, cuando los juzgados "ya lo han tumbado hasta en tres ocasiones". Este varapalo judicial fue recordado también ayer por la presidenta de Foro, Cristina Coto, quien apuesta por un plan "redactado según las necesidades de los asturianos, apostando por la participación ciudadana, tal y como recomienda Europa". Para la casquista, "sacar a información pública un plan de residuos con una planta de clasificación y eliminarla después en Consejo de Gobierno es una nueva tropelía de los socialistas dispuestos a saltarse la ley con tal de sacar la incineradora adelante a todo costa", afirma.