La nueva consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, volverá a la primera línea de la política regional con su nombramiento para formar parte del nuevo Ejecutivo autonómico tras ocho años como alcaldesa de Avilés, cargo al que no optó en las pasadas elecciones municipales del 24 de mayo.

Varela (Avilés, 1960) tomó esta decisión tras ser imputada en dos procesos judiciales abiertos en la ciudad que gobernaba, el denominado caso Aquagest y el que investigaba la gestión de algunas facturas del Centro Cultural Óscar Niemeyer, y en los que los tribunales desestimaron posteriormente que estuviera implicada.

Diplomada en Magisterio y Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Oviedo, la nueva consejera desarrolló entre 1987 y 1992 desarrolló diferentes tareas para la Comisión Europea en relación con iniciativas y programas de empleo para jóvenes y fue además directora de Formación en Ciudad Industrial Valle del Nalón (1992-1999).

Varela se pondrá ahora al frente de la hasta ahora denominada Consejería de Bienestar Social y Vivienda en sustitución de Graciela Blanco, que accedió al cargo el pasado mes de noviembre en sustitución de Esther Díaz, que dimitió tras la polémica suscitada por su participación en una empresa administrada por su marido que subcontrató con otras compañías que hacían obras para el Principado y otras administraciones públicas.

La gestión de sus antecesoras en el cargo fue cuestionada desde los sindicatos que criticaron un supuesto intento de privatizar determinados servicios públicos y desde la oposición que criticó la desatención al denominado tercer sector, que venía prestando servicios a la administración para atender algunas prestaciones, como por la lista de espera generada en el salario social.

Estas últimas cuestiones se resolvieron al final de la legislatura con la aprobación de una modificación legal que posibilitaba que el tercer sector siguiera prestando dichos servicios mientras que los últimos datos sobre la gestión del salarios social reflejaban en el primer semestre del año que ya se cumplía el periodo máximo de tres meses previsto por la ley.