Dinero, abundante documentación en papel y volcado de datos informáticos: este es el resultado del registro del domicilio del presidente del PP de Avilés, Joaquín Aréstegui, que funcionarios de Vigilancia Aduanera practicaron el jueves por la mañana. Según fuentes próximas a la investigación, el registro concluyó con la requisa de un alto volumen de pruebas, incluyendo el hallazgo de escondrijos con material comprometido. Es lo poco que ha trascendido, ya que esta investigación está bajo secreto de sumario.
La juez de Lugo que instruye el caso, Pilar de Lara, indicó simplemente que una diligencia de estas características sólo se autoriza cuando existen "pruebas indiciarias". Al menos cuatro vehículos de la Agencia Tributaria se desplazaron el jueves a la calle Rivero, y junto a los agentes de Aduanas acudió también la secretaria del juzgado de guardia avilesino. Los vehículos permanecieron estacionados en la céntrica calle durante la mañana del jueves, mientras los agentes efectuaban las indagaciones oportunas. Este registro está vinculado a la operación Pokémon y a las sospechas que mantiene De Lara sobre la posible trama corrupta entre la empresa Aquagest y un buen número de políticos, entre ellos Aréstegui y su esposa, la exconcejala Carmen Vega. Ambos, por cierto, se encuentran ausentes de Avilés, de vacaciones.
Según el auto que instruye la magistrada, el político avilesino podría haber recibido diversas prebendas y beneficios como contraprestación por apoyar adjudicaciones de contratos de agua a Aquagest. Un portavoz de la empresa de aguas, sin embargo, negó rotundamente la existencia de pagos "ni directos ni indirectos" a Joaquín Aréstegui, a preguntas de este periódico.
La investigación de la magistrada del juzgado número 1 de Lugo no se limitó al domicilio de la calle Rivero. Según fuentes de la investigación, Aduanas requirió al Ayuntamiento de Avilés los contratos vinculados con el servicio del agua, a través de la empresa mixta Aguas de Avilés, de la que es socia Aquagest. No es la primera vez que las autoridades judiciales fiscalizan esta documentación, sin haber encontrado hasta ahora ningún indicio de ilícitos penales. Tampoco es la primera vez que sobre Aréstegui pesa la sospecha de haber recibido regalos de Aquagest: llegó a estar imputado en la instrucción avilesina de "la trama del agua", aunque la juez determinó finalmente que su presunto delito había prescrito.
