El exalcalde de Pravia Juan Carlos Guerrero Arias (PP) figura en el auto de la juez que investiga el "caso Pokémon", Pilar de Lara, por su relación con el "conseguidor" Joaquín Fernández Díaz, de Aquagest, y sus operaciones presuntamente irregulares en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, donde fue asesor del anterior alcalde popular. Entre ellas, un supuesto "amaño".
Según consta en el auto, de las investigaciones realizadas hasta el momento "se desprende" que en diciembre de 2012, enero y primeros días de febrero de 2013, Fernández Díaz y Guerrero Arias "se conciertan para la redacción de informes favorables, además de a los intereses de empresas como Grs Arc Local, la Sociedad Urbaser, para Aquagest, para que logren contratos en fase de adjudicación en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea". Indica la juez que para ello "necesitaban" al interventor del Ayuntamiento quien "es supuestamente presionado por Juan Carlos Guerrero", que ejercía como asesor del Ayuntamiento "para que emita los informes según más interesa (...) de acuerdo con las pretensiones que cada uno de ellos estima alcanzar".
La juez matiza en el auto que Juan Carlos Guerrero Arias cobró durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009 de Asturagua S.A. (vinculada a Aquagest), y que en el año 2012 recibió contraprestación económica de Ingenium, de la que es administrador Joaquín Fernández y que facturaba a empresas del grupo Agbar.
El auto añade que, según se desprende de las comunicaciones intervenidas, Fernández y Guerrero Arias "se conciertan para favorecer con sus actuaciones a la empresa Aquagest en los siguientes casos". Y enumera la juez:
1. "Presunto amaño" de una causa judicial en la que son partes el Ayuntamiento de Cangas del Narcea y la empresa Aquagest en el Juzgado de primera Instancia e Instrucción de Cangas.
2. Ocultación de un informe municipal relativo a un desprendimiento de tierras en una depuradora gestionada en Cangas del Narcea por Aquagest para, presuntamente, exonerar a la empresa de responsabilidades.
La juez De Lara también investigó los ayuntamientos de Nava, Pola de Siero, Pravia y Tineo, Avilés y Oviedo.
Además, la juez de Instrucción número 3 de Avilés, Elena González, también investigó la bautizada como "trama del agua", iniciando la instrucción a finales del año 2012 y concluyendo el pasado mes de junio. En el punto de mira estuvieron un total de 23 políticos y responsables municipales asturianos como presuntos autores de varios delitos, pero finalmente todo volvió a la pieza inicial para desentrañar las relaciones supuestamente ilícitas entre el Ayuntamiento de Corvera y Aquagest.
