Asturias vuelve a suspender en la aplicación de la Ley de Dependencia al obtener un valoración de 4,6 puntos en el último informe de la Asociación Estatal de Directores de Servicios Sociales, que evalúa la implantación de la ley tras la incorporación de los beneficiarios moderados el pasado mes de julio.
La media nacional se sitúa también por debajo del aprobado (4,88) y sólo superan el 5 tres comunidades autónomas (Castilla y León, País Vasco y Andalucía) en un estudio que en diciembre de 2014 otorga un 5 al Principado tras arrastrar desde junio de 2013 una valoración de 3,8.
El documento resalta que Asturias ha mantenido prácticamente los atendidos en el último año lo que resulta "plausible" considerando que las personas pendientes de atención se sitúan en el 8 por ciento frente al 14,9 por ciento de media a nivel nacional.
Además, incide en que en el Principado -donde el 1,4 por ciento de la población se beneficia de la Ley de Dependencia frente al 1,6 por ciento a nivel nacional- la diferencia entre valoraciones y personas dictaminadas como dependientes hace que sea la comunidad en la que el baremo se ha aplicado "con una dureza inusual".
El documento constata que actualmente 15.142 personas reciben atención con cargo a la Ley de Dependencia en Asturias, un 0,82 por ciento menos que hace un año, de un total de 17.431 ciudadanos que tienen reconocido el derecho a esta prestación, un 6,32 por ciento menos que en julio de 2014.
El informe cifra en 139,6 millones el coste global del sistema de dependencia en Asturias con un gasto medio por habitante de 95,74 euros frente a los 104,49 euros y sitúa en 19,1 millones el quebranto para las arcas autonómicas del recorte del nivel mínimo aprobado por el Gobierno central en 2012 que supuso además una rebaja del 15 por ciento en las cuantías que perciben las personas con cuidados familiares (14,7 millones).
A nivel nacional, el documento constata que casi cuatro de cada diez dependientes, el 37 %, están esperando prestaciones o servicios a los que tienen derecho tras ocho años y medio de aplicación de la Ley de dependencia, concluye su implantación con la incorporación al sistema de estos dependientes de Grado I, que elevan a 445.264 los beneficiarios que todavía no reciben ninguna atención.
Además, recuerda que desde 2012, más de 100.000 personas han fallecido mientras esperaban que se les aplicara la ley.
El último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, presentado hoy por esta organización, analiza por comunidades autónomas el grado de implantación de la ley, que denuncia ha sido desigual, y plantea la necesidad de aprobar un pacto de Estado "que replantee el modelo de financiación autonómica" del sistema.
