El Observatorio de la Dependencia, la evaluación semestral del desarrollo de la atención al dependiente, despacha a Asturias con un suspenso que roza el aprobado en la aplicación de la ley. También constata una generalizada falla financiera en el debe del Gobierno central y una notabilísima disparidad a la hora de valorar el grado de aplicación de este sistema de ayudas en las distintas comunidades autónomas. Son los trazos gruesos del resultado del examen que cada seis meses difunde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Su presidente, José Manuel Ramírez, encabeza los deberes de la legislatura que comienza con la necesidad de que el Principado implique a los ayuntamientos en la atención al dependiente y da por perdida la credibilidad del Gobierno del PP tras cuatro años de "demolición" financiera de la ley promulgada en 2006.
-¿Por qué se atiende de forma tan distinta en lugares distintos?
-El desarrollo de la ley es muy dispar, encuentra desde comunidades autónomas que boicotearon la ley utilizando como rehenes a los dependientes, como Valencia o Madrid en un primer momento, hasta la desidia e impericia de otras, como Canarias o Baleares, que no se preocuparon de desarrollar un sistema de atención que debe estar vigente en toda España.
-¿Asturias?
-Tiene dos hándicaps, el primero heredado, sin nada tiene que ver con la gestión de la pasada legislatura. Consiste en no haber acometido una descentralización del sistema de atención a la dependencia haciendo partícipes a los servicios locales de los ayuntamientos. Eso habría agilizado el desarrollo de la ley en el Principado, porque los servicios municipales, que conocían los casos de primera mano, habrían facilitado la entrada de esas personas en el sistema. El otro problema, que me consta que se están planteando y que me parece un asunto grave, tampoco tiene que ver tanto con la gestión política como con la aplicación demasiado rigurosa del baremo de valoración.
-El Principado suspende con un 4,58 el último examen del Observatorio, que detecta cierta severidad en esas valoraciones. ¿Qué pasa?
-En España, el veinte por ciento de las personas valoradas no adquieren el grado de dependientes. En Asturias, ese porcentaje sube al 27. Son personas que no entran al sistema porque no son valoradas como tales. Si el baremo es igual en todo el país, habría que preguntarse por qué la aplicación está en Asturias siete puntos por debajo de España y por qué el Principado es, junto a Madrid, la región más rigurosa de España. He hablado de este tema con la Consejería y es difícil, porque hablamos de la práctica técnica de unos valoradores que son profesionales especializados en ese tema y que deben reflexionar sobre cómo aplican el baremo.
-¿Es sólo una cuestión técnica, sin motivación estratégica?
-No sé si existe una directriz política en ese sentido, pero sí que cuando hablé con la anterior consejera de Bienestar Social, Graciela Blanco, la intención no era esa, sino exactamente la contraria. De hecho, se habían puesto en contacto con otros valoradores de Andalucía para tratar de solventar el problema, pero en todo caso nosotros sólo damos los datos y su interpretación. No podemos ir más allá.
-El volumen de la lista de casos pendientes es menos grave.
-La lista de espera de Asturias, de en torno al diez por ciento, está entre las más bajas de España. El Principado casi aprueba, yo casi no diría que suspende, porque atiende a un porcentaje de personas por debajo de la media española. Le han faltado sólo 124 beneficiarios para mantener la tasa de reposición de un año a otro, para igualar a 30 de junio de 2015 el número de atendidos de 2014. Por otra parte, Asturias también ha sufrido el quebranto por la reducción de la financiación estatal en casi 34 millones de euros en tres años. Esto supone que la región aporta al sistema de atención a la dependencia el 79 por ciento de la financiación pública y el Estado sólo el 21, cuando la ley establece que el Gobierno central debería correr con el cincuenta por ciento. La región ha sufrido esa merma económica y con los nuevos Presupuestos la va a seguir sufriendo. Es difícil que con esa financiación pueda atender a los dependientes moderados, que se han incorporado al sistema el 1 de julio y que en Asturias son 5.000 nuevos beneficiarios, a los que hay que sumar los 2.500 en lista de espera.
-¿En qué triunfa y dónde pincha el sistema en Asturias?
-Lo mejor es que optan por un modelo público del sistema; lo peor, que optan por un modelo público del sistema. Me explico. Una de las cosas que hipotecó el proceso en la etapa de Noemí Martín en la Consejería fue la decisión de atender a las personas en residencias públicas desde un sistema de gestión igualmente público. Eso supone un incremento presupuestario mayor que cuando la gestión es externalizada o privatizada, aunque también es cierto que la calidad en el servicio mejora. En esta legislatura, Asturias debe descentralizar el sistema de atención a la dependencia haciendo partícipes del proceso a los servicios sociales municipales y solventar ese problema con el número de valorados para que esté en torno a la media española. Eso sí, la financiación del sistema también debe ser justa, el Estado debe cumplir y llegar a aportar el cincuenta por ciento de los recursos. Si eso no se garantiza, la comunidad tendrá serias dificultades para atender la demanda de la lista de espera que se genera.
-¿Cómo le ha salido la legislatura a la atención a la dependencia?
-El Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho una demolición controlada de la ley de la dependencia, ha acometido una derogación encubierta a base de reales decretos y ha asfixiado a las comunidades autónomas a través de recortes. Necesitamos un nuevo pacto de Estado para la financiación de la ley que tenga su epicentro en el consejo territorial económico fiscal.
-El presupuesto de la dependencia sube un 6,4 por ciento en el proyecto de 2016. ¿Insuficiente para atender a los nuevos dependientes moderados?
-Hemos denunciado que con estos Presupuestos Generales y su incremento de 75 millones se abandona a las personas dependientes moderadas, a los 445.000 nuevos beneficiarios del sistema. Para atenderlos, se necesita una inversión de 3.000 millones de euros. Con estos 75, se necesitarían 25 años para eliminar la lista de espera. Es una absoluta burla que nos vendan que este aumento de gasto social es beneficioso. Es un engaño que genera falsas expectativas a los dependientes y estrangula a las comunidades autónomas con la deslealtad institucional de un Gobierno que se está cargando el sistema de atención a la dependencia. Vamos a buscar alianzas para tratar de llevar una acción judicial ante la Audiencia Nacional.
-¿Es sólo cuestión de dinero o también hay fallas de gestión?
-Se puede mejorar la eficiencia en la gestión. Asturias, por ejemplo, es una de las tres comunidades con mejor desarrollo de los servicios sociales.
-¿Cómo ha llegado una ley que reconocía derechos a dejar a 130.000 personas desatendidas?
-Se ha estrangulado económicamente la ley. Al tener una financiación injusta, insuficiente y tramposa, ha dejado a las comunidades autónomas sin capacidad económica para prestar el servicio. En 2011, el Estado aportaba el 44 por ciento de la financiación. Es cierto que nunca llegó al cincuenta que se exige, pero si se hubiera mantenido en aquellos niveles, la lista de espera ahora sería inferior.
-¿Ve luces en los planteamientos de los partidos ante la inminente campaña electoral?
-Veo luz en todos, menos en el PP. Estoy convencido de que los partidos políticos tienen intención, otra cosa es que lo hagan. Al PP se le ha acabado el crédito. Después de estos cuatro años, diga lo que diga no tiene ninguna credibilidad. Y eso que la mejor inversión pública es la inversión en el sistema de atención a la dependencia. Es la que más puestos de trabajo genera por cada millón invertido, treinta directos, y la de mayores retornos económicos. Nosotros tenemos además un problema gravísimo añadido, porque España es el segundo país de la OCDE que mayor tiempo dedica a cuidados de larga intensidad. Somos una nación de personas mayores con un gasto sanitario exacerbado en crónicos y debemos tomar esta política como asunto de Estado. Debería figurar en la agenda pública con carácter prioritario.
